La Contraloría General de la República informó esta mañana que dio inicio a la fiscalización de la recuperación de fondos por mal uso de licencias médicas, en una nueva arremetida por el caso que se dio a conocer a fines de mayo de más de 15 mil funcionarios públicos que viajaron fuera del país pese a estar en período de reposo.
Se trata de una auditoría coordinada con las Unidades de Auditoría Interna de entidades del sector público y municipal, que incluye a 733 instituciones a nivel nacional. Se controlará la recuperación de los montos adeudados por las Isapres y Fonasa a cada entidad por concepto de subsidios de incapacidad laboral, además de examinar el reintegro que deben hacer los funcionarios cuyas licencias fueron rechazadas
De las instituciones analizadas, 173 pertenecen al sector salud; 33 a educación; 26 a Fuerzas Armadas, Policías y Gendarmería; 24 a educación superior; 2 empresas del Estado; 143 a otras entidades públicas, y 332 municipalidades.
Se espera que la auditoría -iniciada a principios de septiembre- tenga un plazo de cerca de tres meses y examine los plazos de presentación de las licencias médicas por parte de los beneficiarios, y las acciones realizadas por los servicios para cobrar dichos montos. Esto incluye las entidades de salud previsional, como a los funcionarios que no cumplieron el reposo de salud, cuyas licencias fueron rechazadas y debían reintegrar los días no trabajados.