El Congreso despachó la noche del miércoles la propuesta del Gobierno con un set de medidas para contener el impacto de la histórica alza de los combustibles. Esto, luego de que tanto el Senado como la Cámara de Diputados visaran la iniciativa legal.
El proyecto establece un conjunto de medidas destinadas a mitigar el impacto de las alzas en ámbitos esenciales de la vida cotidiana y la movilidad de los chilenos.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que “estamos enfrentando una situación internacional que no se va a normalizar en el corto plazo, por lo que hemos optado por medidas focalizadas que permitan proteger a las personas en aspectos esenciales de su vida cotidiana, como la calefacción y la movilidad, resguardando al mismo tiempo el uso responsable de los recursos públicos”.
En primer lugar, se establece un fortalecimiento del mecanismo de estabilización de la parafina, mediante ajustes en su fórmula de cálculo y la facultad de incrementar el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP) hasta en US$ 60 millones. Esto permitirá mantener su precio en niveles similares al promedio observado en febrero, evitando que continúe reflejando las alzas recientes derivadas del escenario internacional y resguardando el acceso a la calefacción durante los meses de otoño e invierno.
Esto se realizará mediante una o más transferencias de recursos disponibles en activos financieros del Tesoro Público. Dicha facultad podrá ser ejercida hasta el 31 de diciembre del 2026, dice el texto.
Asimismo, se crea un bono mensual de $ 100 mil, por un período de hasta seis meses, destinado a propietarios de taxis, colectivos y transporte escolar, con el fin de mitigar el impacto del alza de los combustibles en los costos de operación y evitar que estos se traspasen a las tarifas que pagan las personas. La Ley establece que el aporte podrá ser utilizado solamente para adquirir gasolina automotriz, petróleo diésel, gas natural comprimido y gas licuado de petróleo.
Este beneficio considera como universo a los transportistas inscritos en los registros correspondientes al 24 de marzo, incorporando además a quienes operan en zonas transfronterizas como Arica–Tacna.
El aporte no constituirá remuneración ni renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible, ni tributable, ni transferible, ni transmisible, ni estará afecto a descuento alguno.
El bono mensual se pagará por el Instituto de Previsión Social (IPS).
Adicionalmente, se contempla el congelamiento de las tarifas del transporte público en la Región Metropolitana, junto con el fortalecimiento de los recursos destinados al transporte en regiones, de manera de contener alzas y proteger la movilidad en todo el país.
Cambios tributarios
En materia de financiamiento, el proyecto establece un ajuste transitorio al mecanismo que permite a ciertas empresas recuperar el impuesto específico al diésel, equiparándolo al régimen aplicable al transporte de carga. De esta forma, se reduce parcialmente el nivel de beneficio vigente para contribuyentes no transportistas, contribuyendo a financiar estas medidas de apoyo.
Hoy existe una distinción en cómo las empresas recuperan este impuesto: las empresas no transportistas, como las que usan diésel para fines industriales (mineras, construcción, maquinaria fija, hornos y generación eléctrica, por ejemplo) y no para vehículos que circulan por calles, suelen recuperar el 100% del impuesto específico como un crédito fiscal contra su IVA.
Al frente, las empresas transportistas (los camioneros) de carga terrestre tienen un beneficio de reintegro parcial, el cual dependerá de sus ingresos anuales (desde 80% a 31% de crédito si sus ingresos van de 0 a 20.000 UF).
El esquema siguiente aplica hoy para las empresas de transporte terrestre y regirá para las firmas no transportistas que utilizan diésel por un lapso de seis meses: reintegro del 80% del impuesto específico soportado para los contribuyentes cuyos ingresos anuales hayan sido iguales o inferiores a 2.400 UF; un 70% cuando los ingresos anuales hayan sido superiores a 2.400 UF y no excedan de 6.000 UF; un 52,5% para los contribuyentes cuyos ingresos anuales hayan sido superiores a 6.000 UF y no excedan de 20.000 UF; y un 31% cuando los ingresos anuales hayan sido superiores a 20.000 UF.
Esta disposición excluye expresamente a las Pyme, las que mantienen el tratamiento actual.
El IPC subiría a 2,7% este mes y la escalada sería a 3,7% en abril
El alza ya oficializada de las bencinas permitió realizar cálculos frente a la inflación para los próximos meses. Desde el Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la UDP calcularon que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo tendría un alza mensual de 0,9% y llegaría a 2,7% el indicador anual.
Esta proyección considera un impacto relevante vía combustibles del orden de 0,35 punto base de la variación mensual, sumado a presiones inflacionarias propias de el mes asociada a ajustes en precios indexados como ocurre con salud, educación, dijo la economista de la entidad, Valentina Apablaza.
Para abril la variación mensual en los precios internos sería de 1,2%, posicionando la inflación anual hasta 3,7%.
“Este mes concentrará la mayor parte del efecto inflacionario derivado del ajuste de precios de los combustibles ocurridos esta semana, de modo que IPC de combustibles tenga una incidencia al alza en torno a un punto porcentual completo sobre la variación mensual agregada durante dicho mes”, señaló Apablaza.
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