A casi dos meses para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el Centro de Estudios Públicos (CEP) presentó 15 propuestas que consideran “prioritarias” para el próximo período de Gobierno. O sea, para el lapso 2026-2030.
Así, el documento elaborado por los investigadores Sylvia Eyzaguirre, Sebastián Izquierdo, Aldo Mascareño, Sebastián Soto y Rodrigo Vergara abarca las áreas de orden público, crecimiento económico, modernización del Estado, salud y educación.
Empleo e impuesto corporativo
En lo económico, el CEP propone una reducción del impuesto corporativo, una medida que comparten varios candidatos presidenciales y que no fue incluida en el programa de la abanderada por Unidad por Chile, Jeannette Jara.
Así, se sugiere bajar el gravamen a las empresas desde 27% a 23% y luego seguir hasta llegar al 20%. No obstante, se precisa que para compensar el efecto en la recaudación, será necesario ajustar el gasto público.
Sugiere recortar el impuesto a las empresas de 27% a 23% y luego seguir hasta llegar al 20%. También precisa que, para compensar el efecto en la recaudación, será necesario ajustar el gasto.
Otra medida para el crecimiento es la de impulsar un masivo programa de concesiones, enfocado en puertos, aeropuertos y autopistas. Además, seguir reduciendo y modernizando los permisos para realizar inversiones, al dotar de mayor eficiencia a diversas instituciones y dar certezas a la tramitación de los permisos ambientales
En el área de modernización del Estado y gobernabilidad, el think tank propone una reforma integral al empleo público, que parta por modificar el sistema de calificación y los mecanismos de salida para funcionarios mal evaluados.
En esa línea, también se sugiere prohibir el aumento en el número de empleados en ejercicio de los sectores municipal, regional y central, junto con establecer que las licencias médicas en el sector público se paguen solo hasta el tope imponible y se apliquen los días de carencia (que no se pague la licencia desde el primer día no trabajado, como ocurre hoy en el Estado).
Gobernabilidad y seguridad
En el caso de la gobernabilidad, el CEP propone reformas legales y constitucionales que apunten a continuar con la tramitación de los proyectos que fijan umbrales electorales a los partidos para poder elegir parlamentarios, y frenar el abuso de las acusaciones constitucionales.
También, se sugiere impedir que por la vía de reformas constitucionales se vulnere la iniciativa exclusiva del Presidente y volver a examinar el financiamiento de partidos políticos y de campañas electorales.
En el caso de la puesta en marcha de la Ley de Permisos Sectoriales, enfatizan la importancia de dictar los reglamentos que permitirán su ejecución, dictar los decretos con fuerza de ley que modificarán legislaciones sectoriales y el funcionamiento de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión.
En el caso de orden público, las medidas apuntan a una inversión de recursos económicos, conocimiento, inteligencia y de coordinación nacional e internacional para policías y gendarmería. Además de sugerir una nueva infraestructura para las cárceles para un control más efectivo de las conductas y comunicación en su interior.
También, plantean un mayor control de fronteras, que incluya policías especializadas, la tecnificación de Aduanas y la creación de una política pública específica que reduzca el subreporte de delitos.
Salud y educación
El CEP señala que la salud es la principal preocupación ciudadana después de la delincuencia, por lo que propone un plan único con múltiples aseguradoras, que garantice acceso según necesidad y no capacidad de pago. Este también contemplaría gradualmente la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación.
También, se sugiere una reforma integral de Fonasa que vincule los pagos a resultados e incorpore evaluación de desempeño de los hospitales, y que la administración hospitalaria sea asumida por una entidad estatal independiente del Ministerio de Salud.
Una reforma a la atención primaria, que incorpore un esquema nacional integrado para la gestión de la demanda con modalidad presencial, teleasistida y domiciliaria, es otra de las medidas.
En el caso de la educación, se busca priorizar la enseñanza de la lectoescritura y las operaciones matemáticas a través de mejorar los recursos pedagógicos, robustecer la formación inicial de educadores y docentes, e implementar un programa piloto de apoyo pedagógico.
Además, el CEP pide avanzar en fortalecer la carrera docente al mantener las actuales exigencias de ingreso a pedagogía, aumentando el reconocimiento económico de educadores en algunos tramos y flexibilizando las causales de despido que rigen a los docentes del sector público para desvincular a aquellos con bajo desempeño.
En cuanto a la educación parvularia, se propone crear acceso universal a los niveles medio mayor y medio menor en un horizonte de ocho años, eliminar las brechas de financiamiento entre salas cunas y jardines infantiles de Junji/Fundación Integra y aquellas que tienen transferencia de fondo o convenio.
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