La comisión externa revisora del Censo 2012 dio a conocer hoy el resultado de su informe del proceso, en el cual, dentro de uno de sus principales conclusiones, recomienda realizar un nuevo Censo de manera "abreviada" en 2015.
El panel también señaló que la muestra realizada el año pasado cuenta con "serios problemas" en aspectos que son esenciales en este tipo de instrumento y recomendó no utilizar los datos del Censo para la elaboración de cifras oficiales.
"La tasa de omisión de la población asciende, conservadoramente, a un 9,3%, porcentaje que es tres veces los obtenidos en censos recientes en otros países de la región", sostuvo el informe.
"La omisión del 9,3% es un promedio nacional, pero puede ser mucho más elevada en algunas comunas", precisó.
En ese sentido, las estimaciones realizadas por la comisión externa muestran que en una quinta parte de las comunas la tasa de omisión superaría el 20%.
Asimismo, el informe advirtió que la omisión afectó relativamente a algunos grupos de la población. De hecho, el porcentaje es más elevado en los hombres entre 40 y 59 años, así como hombres y mujeres de 25 a 29 años.
La comisión agregó que una tercera parte de la omisión de personas se origina en viviendas con moradores ausentes. Las otras dos terceras partes de la omisión se deben a que la entrevista no fue realizada en un conjunto de viviendas.
Si bien "se logró una razonable cobertura de viviendas, si hay señales de omisión de algunas comunas", sostiene el documento.
Conclusiones
En primer lugar, la comisión destacó que hubo un escaso tiempo de preparación luego del cambio de metodología desde un censo de hecho a un censo de derecho.
Además los expertos señalaron que el censo no contó con suficiente financiamiento, lo que incidió en falta de recursos materiales y humanos que necesitaba el censo para su normal operación.
"El proceso censal fue acompañado de un mal clima organizacional en el INE, por efecto de fuertes divisiones internas y un estilo de conducción vertical", agregó.
Otro dato interesante es que la comisión estimó que también existe responsabilidad por parte de la administración previa del INE, "por cuanto se produjeron atrasos y dificultad en los preparativos que debieron tener lugar en los años 2008 y 2009".
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