Uno de los principales insumos para la discusión del proyecto de ley de Presupuestos 2026 ha sido un informe que entregó un grupo transversal de economistas para avanzar en medidas para recortar el gasto público y racionalizar los desembolsos que realiza el Estado.
En septiembre, la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público entregó 34 medidas para generar ahorros de cerca de US$ 2.000 millones por año en el largo plazo para el Fisco chileno. La instancia fue integrada por los exdirectores de Presupuestos, Matías Acevedo y Sergio Granados; además de los economistas y académicos Paula Darville, María José Abud y Osvaldo Larrañaga.
La gran duda de cara al ingreso del erario al Congreso era cuántas de las medidas acogería el Ejecutivo. La más notoria ha sido la eliminación de la denominada "glosa republicana" y su reemplazo por una amplia facultad para que el Ejecutivo reasigne gasto público para implementar su agenda durante su primer año de gestión, lo que representa un 1% del erario, cerca de US$ 900 millones.
Pero no es la única.
El Informe de Finanzas Públicas (IFP) que acompaña al Presupuesto sistematiza las ideas que el Ejecutivo incluyó en el erario del próximo año, así como el compromiso y la programación de incorporar otras de las propuestas en otros proyectos de ley para el mediano y largo plazo.
Así, solo para el 2026, se adoptaron parcial o totalmente 16 ideas de la citada comisión.
Así, se acogió la idea de mejorar la focalización socioeconómica de los beneficios estudiantiles en educación superior, en la partida de la Subsecretaría de Educación Superior.
Fortalecer la gestión hospitalaria y la eficiencia operativa del sistema público de salud es otra idea plasmada en el Presupuesto del 2026, al igual que la propuesta de fortalecer la atención primaria como puerta de entrada efectiva al sistema y reducir la demanda innecesaria en hospitales, y la revisión y ajuste del plan de inversiones en hospitales.
Una medida relevante que incorporó Hacienda en el Presupuesto es suspender temporalmente las expansiones automáticas de cobertura o indexaciones automáticas a los valores unitarios de ciertos beneficios estatales, como una de las propuestas para reducir el gasto público. En específico, se mantendrá el monto nominal de 2025 para el Subsidio al Empleo Joven, el Subsidio al Empleo de la Mujer, los Aranceles de Referencia, la Beca Presidente de la República y las Becas de Educación Superior.
Una medida para contener el aumento del gasto es reducir la flexibilidad otorgada en el actual artículo 4° de la Ley de Presupuestos que permite aumentar el nivel del gasto aprobado en la ley. En concreto, se eliminan las fuentes de financiamiento que podrían permitir aumentar el monto total del gasto corriente del sector público.
Coherente con lo anterior, el Ejecutivo acogió parcialmente la restricción del uso de recursos de la Provisión para Financiamientos comprometidos, del Tesoro Público, para fines distintos de los que originaron la provisión. Esta asignación se divide en tres tipos de provisiones diferentes.
Otra idea que se acogió de forma parcial es postergar, por el año 2026, las obligaciones relativas al financiamiento del Fondo de Contingencia Estratégico de la defensa nacional, pero el Gobierno no adoptó en su totalidad la propuesta debido a que ya hay recursos comprometidos para el Fondo Plurianual el próximo año.
Control a subejecución y programas mal evaluados
La comisión solicitó al Gobierno contener el gasto público cuando se genere una subejecución de los desembolsos en inversiones. Aquello fue adoptado en el marco de la partida del Ministerio de Obras Públicas, ya que se le ajustó el erario en "coherencia" con las posibilidades de ejecución que tiene la cartera para el próximo año.
Otras de las medidas controversiales que fueron adoptadas son el congelamiento -para la mayoría de los servicios públicos- de la dotación de personal del sector público y del valor nominal de las remuneraciones el próximo año.
Fortalecer la fiscalización sobre el Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL) es otra de las propuestas incorporadas en el erario, mediante distintas formas: el ingreso de un proyecto de ley que modifica de forma permanente el Subsidio de Incapacidad Laboral, la presentación de un proyecto de ley que fortalece las herramientas de fiscalización y la implementación de medidas administrativas orientadas a contener reemplazos y suplencia.
También, Hacienda consideró la racionalización de la oferta programática mediante la discontinuidad o fusión de programas públicos que presentan un desempeño insatisfactorio en su modalidad actual o que tienen baja escala. También, se condicionarán los recursos para programas con debilidades en su desempeño.
Medidas hacia adelante
Adicionalmente, hay diez medidas que requieren proyectos de ley o modificaciones administrativas que ya se encuentran en implementación, sea mediante proyectos de ley en trámite, iniciativas legislativas que se presentarán en los próximos meses, o a través de reglamentos y gestiones administrativas.
Finalmente, se identifican ocho propuestas que demandan modificaciones permanentes y respecto de las cuales se desarrollarán estudios para definir la mejor alternativa de implementación.
Por ejemplo, Hacienda se compromete a estudiar la incorporación del criterio de edad en la asignación de gratuidad en la educación superior, que la comisión propone establecer límites para el acceso a estudiantes mayores de 30 años. Modificar el mecanismo de expansión de la gratuidad en la educación superior es otra medida que el Ejecutivo incorporará en otro proyecto, en específico en el texto que crea el Financiamiento Público a la Educación Superior (FES), que reemplaza al Crédito con Aval del Estado (CAE).
Otra idea que se está estudiando es el traspaso funcional de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) a ChileCompra, para contener gasto y generar espacios de ahorro en la adquisición de medicamentos.
También, el Ejecutivo se abre a analizar un proyecto para identificar de forma específica la fuente de financiamiento de los proyectos de ley que generan gastos permanentes, lo que se realizará a través de un reglamento que norme los informes financieros de los proyectos de ley.
También, el Gobierno explicita que enviará un proyecto de ley de cambios al régimen de empleo público, lo que acoge la propuesta de la comisión de modificar el Estatuto Administrativo y otras normativas de manera de contar con un sistema con mérito en el ingreso, progresión por desempeño, movilidad interna, y mecanismos transparentes y efectivos de término de las relaciones laborales.
Asimismo, el Gobierno incorporará en la reforma a la Nueva Educación Pública -hoy en segundo trámite en el Congreso- medidas para asegurar la sostenibilidad financiera de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
Finalmente, en el IFP también se señala que se iniciará el estudio para analizar cambios legales para acoger propuestas como reubicar funciones del Ministerio Secretaría General de Gobierno en el Ministerio del Interior, revisar la continuidad del Injuv, Prodemu y Deprov, así como tomar recomendaciones de la comisión que recomendó eliminar o restringir exenciones tributarias.
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Sebastian Valdenegro
