Un nuevo escenario comienza a dibujarse en el país conforme aumenta la presencia de población extranjera. Reflejo de ello es que el tamaño de los hogares con jefatura de personas nacidas fuera de Chile ya es en promedio más grande que el de aquellos netamente locales. En 2022, eran 3,1 integrantes migrantes en promedio -la cifra más alta desde 2011- versus 2,8 chilenos.
Una constatación “esperable” para José Tomás Vicuña, socio de Nómade Consultora, entidad que contribuyó al estudio más reciente que hizo el Centro de Políticas Migratorias basado en las cifras de la última Casen realizado por el Ministerio de Desarrollo Social.
El mayor peso relativo, explica el experto, responde al mix de la disminución del tamaño promedio de hogares con jefatura chilena que se observa desde 2006; con los procesos de reunificación familiar y alza en natalidad migrante.
Lo anterior, en un escenario donde ya el 9% de los hogares de Chile tiene jefatura de hogar extranjera, con una presencia concentrada en la Región Metropolitana.
Arriendos, un tema
La radiografía corrobora que el arriendo es clave para los hogares migrantes. Casi el 80% de ellos debe optar a una vivienda por esta vía, mientras que sólo 11,9% es propietario. Porcentajes muy distantes de quienes nacieron en Chile, entre los que más del 60% son dueños de su bien raíz y un 21% debe alquilarlo.
Los venezolanos tienen la mayor proporción de arriendo (93,7%); mientras los peruanos predominan con vivienda propia (18%); y los bolivianos son los que presentan más tasas de posesión u ocupación irregular o usufructo (17,2%).
En todas las regiones prevalece el alquiler, aunque en Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama hay más posesión u ocupación irregular o usufructo con relación al resto del país.
Como contraparte, en Aysén y Magallanes son más los hogares con jefatura migrante con vivienda en propiedad.
En términos generales, los hogares -sin distinción de nacimiento- pagan montos promedio similares del orden de $ 336.411. Las diferencias se notan más en el norte y la capital, en que los migrantes pagan valores inferiores a los no migrantes; y en Biobío y Los Ríos, donde esa tendencia se invierte.
Los promedios más altos se ven en hogares con jefatura de Venezuela y Colombia, mientras que los más bajos a jefaturas de Haití.
Otra característica es que los hogares con jefatura migrante presentan más formalidad que los chilenos en los arriendos. Mientras 25,8% de los primeros no cuenta con contrato, entre los segundos sube a 30%.
Para Vicuña es llamativo que a nivel nacional sea mayor la población chilena que la migrante que arrienda sin contrato. “Podría pensarse que la población chilena tiene mayores capacidades y recursos para arrendar con contrato, pero los datos muestran lo contrario”, señala.
En segundo lugar, le “sorprende que en las regiones del norte del país no sólo aumenta el porcentaje de población chilena y migrante que arrienda sin contrato, sino que esta última presenta porcentajes cercanos al 50% bajo dicha modalidad”.
¿Y el entorno?
Precisamente, el director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, Juan Pablo Ramaciotti, expresa su preocupación ante lo que define como una profundización de algunas carencias habitacionales para los hogares migrantes, especialmente en la zona norte. Ahí, dice, “hay mayores tasas de ocupación irregular, arriendo informal y hacinamiento”.
Y junto con advertir que la Región Metropolitana es la que en promedio tiene los arriendos más caros para hogares migrantes, añade que también tiene las más altas tasas de hacinamiento.
La tasa promedio de hacinamiento en el país llega a 18,5% entre extranjeros, mientras que entre los locales es de 3,3%. Los hogares bolivianos son los que presentan los mayores índices (26,2%) y los peruanos los más bajos (16,3%).
Un aspecto que también va acompañado de un entorno menos habitable, con carencias en acceso en materia de acceso a servicios públicos, infraestructura y áreas verdes.
“La crisis habitacional afecta tanto a los chilenos como extranjeros que no están en condiciones de acceder a una vivienda adecuada a precios accesibles (…)”, sostiene Ramaciotti. Y, por lo mismo, afirma que “es necesario que las políticas urbanas no sólo se preocupen de la construcción de viviendas sociales, sino también de que la regulación e incentivos a los actores privados permitan una respuesta más ágil ante la demanda habitacional que se ha visto incrementada por la migración de los últimos años”.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
trabajo
