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¿Eres cliente nuevo?
REGÍSTRATE AQUÍPrevé que el gasto público crecerá levemente sobre el 2% en los próximo años, producto de la meta asumida por la autoridad.
Por: Equipo DF
Publicado: Lunes 18 de junio de 2018 a las 04:00 hrs.
¿Qué tan ajustadas están las finanzas públicas? Esa es la pregunta que se hace el instituto Libertad y Desarrollo (LyD) en su último informe macroeconómico, en el que analiza la situación de las arcas públicas, tras conocerce el decreto donde el gobierno establece su compromisio de reducir en 0,20 punto del PIB por año el déficit estructural.
En esta línea, el reporte elaborado por la economista senior Macarena García, plantea que la meta del Ejecutivo implica que el gasto público debería crecer alrededor de un punto menos que los ingresos estructurales para el período 2018-2021, los que se incrementan en línea con el Producto potencial.
Agrega como antecedente que según el comité de expertos del PIB de largo plazo, convocado por la Dirección de Presupuestos el año pasado- el Producto de tendencia irá aumentando paulatinamente para alcanzar el 3% recién el 2022.
“En consencuencia, el cumplimiento de la consolidación paulatina del balance estructural obligaría al gasto a crecer algo por sobre 2% en todo este período. Es decir, un crecimiento reducido muy similar al ya contenido en el escenario presentado en la Ley de Presupuestos 2018”, señala el texto.
El informe del centro de pensamiento asegura que la situación fiscal y el compromiso de la autoridad requerirá generar “más ingresos estructurales”, como por ejemplo a través de un mayor Producto potencial.
“Dada la restricción en el crecimiento del gasto total para lograr esta convergencia (al balance estructural), serán necesarias nuevas reasignaciones de gastos para dar espacio al programa de gobierno”, señala el análisis.
El reporte considera los anuncios en materia de austeridad que realizó el Ministerio de Hacienda durante mayo, con recortes en gastos operativos en todo el aparato público que en cuatro años ascenderán a US$ 4.600 millones.
También contempla las promesas que realizó el presidente de la República, Sebastián Piñera, en su cuenta pública del pasado primero de junio, cuyo costo asciende en los próximos cuatro años a US$ 26.000 millones, entre gastos fiscal e inversiones de arrastre del gobierno anterior.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.
Operación podría superar los US$ 43 millones y daría fin a las disputas entre quien funge como dueño del complejo y su banco financista. Quien se quede con el paño podría levantar al menos tres edificios para vivienda, oficina y comercio.