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Publicado: Viernes 14 de marzo de 2014 a las 05:00 hrs.
Una primera reunión entre representantes de la Unión Portuaria de Chile y el gobierno de Michelle Bachelet se llevará a cabo hoy a las 11.00 horas en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Esta vez, presidirá la reunión la recién asumida ministra de la cartera, Javiera Blanco.
Los temas que se abordarán son el proyecto de ley corta por el pago retroactivo de la media hora de colación, situación que desató el paro en enero pasado y aún no se concreta; también se discutirá el pago del bono de $ 1,5 millón por término de conflicto, que a pesar de que la mayoría de los trabajadores ya lo recibió, aún habría un porcentaje que seguiría a la espera.
En la instancia, además, se definiría el ordenamiento del sector portuario y la correspondiente reglamentación laboral de seguridad, que se haría por medio de la creación de un reglamento, temática que ya habían discutido con el gobierno anterior.
La diferencia es que esta vez, uno de los puntos en los que pondrán énfasis los dirigentes portuarios, es que este reglamento debería definirse sobre la base de un estudio que aborde temáticas como el trabajo, la salud y calidad de vida de los trabajadores portuarios del país.
Al respecto, el asesor de la Unión Portuaria de Chile, Lucas Cifuentes, indicó que “es un estudio que se está solicitando para conocer las condiciones de trabajo en los puertos, desde el punto de vista de impacto a la salud y calidad de vida, para así poder tomar las medidas necesarias para el reglamento portuario. Anteriormente tratamos de conversar esto con el gobierno, pero no se avanzó.
Esperamos que esta vez sí se logre avanzar”.
Otros de los temas que se tratará, es la realización de una mesa de trabajo para definir el concepto de trabajo pesado y de trabajo de alto riesgo.
Además, “se busca concretar una mesa de trabajo destinada a generar el congelamiento de la entrega de tarjetas de seguridad portuaria e iniciar un debate sobre planta portuaria”, agregó Cifuentes.
El secretario de Estado planteó que “el diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior, y evidentemente que el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas”.
La entidad dijo tener “plena certeza” que, con una serie de medidas adoptadas, podrá continuar desarrollando su negocio “con el fin de generar una recuperación importante para sus acreedores”.
El ente persecutor presentó un informe ante el TDLC que cuestiona los pilares del sistema de contratación de obras del ministerio: la prohibición de inscripción de empresas relacionadas, las reglas de subcontratación y la ausencia de mecanismos de resolución de conflictos.
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