Municipios “despreocupados”

La sociedad chilena cambió. Los ciudadanos están más exigentes y requieren soluciones inmediatas. Están más individualistas y entienden que la felicidad depende de ellos mismos. El Estado, por ende, se ve constantemente en la encrucijada de intentar satisfacer la mayor cantidad de demandas. Pero está lejos de lograrlo. Prueba de ello son las movilizaciones sociales y la mala evaluación de las instituciones en las encuestas. Existe una brecha ancha entre lo que la ciudadanía espera y lo que el Ejecutivo ofrece.
El nudo gordiano de esta problemática parece radicar en el rol de los municipios, la primera línea del poder central, la ventana de éste ante la ciudadanía. Como el Estado no capta lo que la gente demanda, estandariza los gobiernos locales. Los trata como si todos lidiaran con los mismos contratiempos y no necesitaran de más recursos. Las municipalidades, entonces, son incapaces de canalizar y solucionar bien los problemas de los vecinos y terminan derivándolos por los diferentes niveles de los servicios públicos hasta llegar a un órgano centralizado que promueve medidas paliativas para situaciones que requieren resoluciones profundas.
La opinión pública -hemos visto en encuestas anteriores- percibe a los alcaldes y concejales como personajes lejanos. Cuando se les pregunta a las personas por qué evalúan mal a los municipios, la mayoría contesta que es porque los alcaldes son despreocupados. Es decir, la autoridad más tangible y asequible aparece como distante e indiferente. 
En parte, la responsabilidad la tienen estas mismas autoridades que operan bajo la lógica de intercambiar bienes y servicios con los ciudadanos a cambio de votos en vez de generar un proceso donde éstos participen de la toma de decisiones. 
Hay también otros factores: esta misma lejanía lleva a que la gente no sepa cuáles son las funciones de los ediles -visto ya en estudios anteriores- y los castigue por no cumplir cometidos que finalmente no son de su competencia. Además, el financiamiento diferenciado -donde algunas municipalidades dependen de lo que el Fondo Común les asigne- impide a muchas administraciones locales invertir más en servicios esenciales como son las áreas verdes y una mejor infraestructura.