“Una de las observaciones en que existe absoluto consenso entre los titulares de proyectos es que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que es a quien corresponde administrar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y oficiar como autoridad ambiental, no cumple esta tarea”. Ese es uno de los comentarios que recogió el equipo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el informe que elaboró acerca de los tiempos de tramitación de proyectos de inversión.
El documento, elaborado por los expertos del BID Eduardo Astorga y Amalia Lucena y encargado el año pasado por el gobierno para medir el impacto que ha tenido en esta materia la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), ya fue entregado al Ministerio de Economía y arrojó cifras preocupantes en torno a los plazos involucrados en el desarrollo de una obra en carpeta.
Para elaborar el análisis, el BID analizó 43 proyectos comparables y representativos de los que monitorea GPS, por un total de US$ 27.063 millones, identificando información de las bases de datos del Servicios de Evaluación Ambiental, distinguiendo entre aquellos proyectos que requieren una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y aquellos que requieren un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
A nivel general, el análisis arrojó que el tiempo total de tramitación promedio para los proyectos con DIA llega a un año y 9 meses, mientras que para los proyectos con EIA, el plazo total asciende hasta los cuatro años.
“Las conclusiones vienen a ratificar el diagnóstico que nosotros teníamos y es que Chile se ha vuelto un país burocrático con respecto a la tramitación de proyectos. Hoy en día vemos plazos excesivamente largos en la tramitación de grandes proyectos de inversión. Nosotros estamos trabajando y tenemos la convicción de que el Estado puede dar una respuesta mucho rápida y tener una regulación más simplificada”, dijo Juan José Obach, director de la Oficina GPS.
El análisis del BID fue tomado por GPS, donde realizaron un cruce de datos que permitió identificar siete tipos de permisos que han reducido considerablemente sus tiempos de tramitación sectorial por ser monitoreados.
“Hemos visto que en muchos permisos ya tenemos una baja significativa, lo que nos tiene muy contentos”, comentó Obach.
Según los datos del Ministerio de Economía, la intervención de GPS en el monitoreo del desarrollo de los proyectos de inversión ha ahorrado desde 24 hasta 543 días los plazos para obtener determinados permisos.
Recomendaciones
Además de un análisis a los plazos, el documento elaborado por el BID propone diez medidas para mejorar la eficiencia en la tramitación de proyectos.
La primera de ellas es el establecimiento de términos de referencia para llegar a acuerdos en las metodologías de medición y análisis de los EIA y DIA.
Otra propuesta recomienda incorporar los plazos del SEIA y de los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) en los Indicadores de Desempeño de todos los servicios públicos que intervienen.
Otra recomendación del BID es establecer una plataforma computacional unificada para los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) “similar al del SEA, que permita dar transparencia y trazabilidad al sistema de otorgamiento de permisos”.
Esta, y otras medidas planteadas por el BID, según explicó Obach, han comenzado a ser implementadas por el Ministerio de Economía.
“Nosotros estamos implementando esa medida a través de Sistema Unificado de Permisos, el proyecto SUPER, que lo lanzamos, ya tenemos 10 permisos en la plataforma y esperamos llegar a 37 permisos de aquí a final de año”, dijo.
Esa no sería la única medida planteada por el documento que se estaría considerando, ya que según explicó Obach, también están implementando las “jornadas anticipadas de proyectos”, que son reuniones técnicas entre el titular de un proyecto de inversión y los servicios evaluadores más relevantes, previo ingreso del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, para así realizar los cambios necesarios de forma previa.
Por último, los académicos del BID hacen un llamado a fortalecer al SEIA y, a su vez, a delimitar correctamente su rol.
“Lo que ocurre en definitiva esque cuando se le piden respuestas de política, como por ejemplo los destinos de una determinada cuenca, el valor ambiental de un río, etc., el SEIA no resulta capaz de darla y se deslegitima injustamente ante la opinión pública. Lo anterior puede ser subsanado por la Evaluación Ambiental Estratégica, instrumento aún en desarrollo en el país”, dice el texto.
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