La Sala de la Cámara de Diputados aprobó por 132 votos declarar ha lugar la acusación constitucional presentada en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, por notable abandono de deberes.
La instancia comunicará este hecho al Senado y al afectado, dentro de las 24 horas siguientes de concluida la sesión.
Asimismo, en representación de la Cámara, la diputada Carolina Tello y los diputados Daniel Manouchehri y Jorge Ratgheb formalizarán y proseguirán la acusación en el Senado, en la sesión que este cite para tal efecto.
En el libelo acusatorio, ingresado por 11 diputadas y diputados, se acusó al magistrado -hoy suspendido de su cargo- de faltar a sus deberes de probidad, abstención e imparcialidad. Esto por participar en causas donde “mantenía vínculos personales relevantes” con los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, que eran parte en esos procesos.
La acusación la expuso ante la Sala de la Corporación el diputado Daniel Manouchehri, quien acusó que Chile vive una crisis de confianza en la justicia, “brutal y con justa razón”. Esto, añadió, porque esta no puede operar con lógicas de amistad, favores o redes.
Manouchehri añadió como condicionante adicional las dudas sobre el pago de pasajes de viajes y cruceros realizados por el ministro Diego Simpertigue con los abogados Vargas y Lagos.
La defensa
Durante la jornada, el abogado del ministro Simpertigue, Felipe Lizama, inició con la presentación de la denominada cuestión previa (esta fue rechazada también por la unanimidad de 110 votos).
En ella, criticó la motivación que existió de tratar de resolver esta acusación antes de la segunda vuelta presidencial. Además, acusó un conjunto de actuaciones “sorprendentes” por parte de quienes participaron como invitados en la comisión; donde se habrían pronunciado sobre el fondo de la acusación previo a la exposición de la defensa, lo que pasaría por sobre el Reglamento de la Cámara.
Junto a esto, también cuestionó que algunos parlamentarios plantearan su posición sobre la acusación antes de los descargos de la defensa.
Al pasar al fondo de la acusación, Lizama desestimó los tres capítulos porque “no parece que los hechos en los que hay controversia, como ha sido reconocido, deban ser pábulo para una acusación constitucional”.
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