“No sería mala idea que la Fiscalía tuviera acceso a las cuentas corrientes de todos los notarios, conservadores y parlamentarios para revisar transacciones entre ellos”, escribió hace unos días el economista y experto en temas tributarios, Claudio Agostini.
Su reacción no era casual. Crítico del funcionamiento del sistema notarial y registral en el país -que recientemente enfrentó una modificación-, esta vez levantó la voz a propósito de los casos judiciales develados en el último tiempo de eventual tráfico de influencias y conductas ilícitas que implican a notarios, conservadores y parlamentarios.
El también académico de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) explicó que existen experiencias a imitar en Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, donde se monitorea a las llamadas “personas políticamente expuestas”.
“La evidencia muestra que en Chile a veces se logra legislar solo cuando hay escándalo. La delación compensada tenía mucha resistencia en el Congreso hasta que se detectó la colusión de las farmacias y ahí se aprobó”.
- ¿Cómo nace su idea?
- Surge de haber visto cómo fue la tramitación del proyecto de notarios y conservadores de bienes raíces, donde pasaron algunas de estas cosas que todos vimos. Se cambió a la comisión de expertos que los iba a nombrar originalmente, luego votaron algunos parlamentarios que tenían un evidente conflicto de interés, como el senador (Francisco) Huenchumilla, que su señora es notario y conservador y participó en el debate y, además, votó.
- Y ahora...
- Nos hemos enterado ahora que había otros parlamentarios que, al menos, tenían conflicto de interés y no lo explicitaron y participaron del debate igualmente como el senador (Matías) Walker.
A partir de eso, uno dice bueno ¿cómo protegemos como ciudadano a la democracia para asegurarnos de que la legislación que se discute en el Parlamento esté libre de algunos de estos conflictos de interés?
Las mejoras más fáciles son de parentesco, vínculos como el del senador Huenchumilla y donaciones de plata para cubrir gastos de los hijos en el caso del senador Walker. Pero puede haber otros, como pago de favores, financiamiento ilegal de la política y, ante lo cual, los ciudadanos estamos ciegos completamente.
- ¿Y cómo se aplicaría?
- Hay varias formas que se pueden implementar. Cuando alguien inventa la rueda, no hay que inventarla de nuevo.
Hace mucho tiempo que, en algunos países, como Estados Unidos e Inglaterra, existen las oficinas de Impuestos Internos con el derecho y la posibilidad -con todos los resguardos posibles, por supuesto, para proteger la privacidad de las personas- de solicitar a los bancos y a las instituciones financieras que les entreguen información de contribuyentes respecto a las transacciones que hay en sus cuentas corrientes, en sus activos, en sus inversiones, para detectar si hay algo que podría llamar la atención del punto de vista de lavado de activos y de evasión tributaria.
- ¿Pero eso ya existe en Chile?
- Esto existe parcialmente en Chile, donde se mantienen listas de las personas llamadas políticamente expuestas. Las tienen los bancos y si un parlamentario, un ministro o un subsecretario pide un crédito o algo así, el banco lo registra como una persona políticamente expuesta.
Lo que cambia es que en otros países, al menos, hay un monitoreo más permanente de las transferencias que reciben y envían todos los funcionarios políticos, personas políticamente expuestas; y con distintas bases comerciales, registros criminales, para saber qué flujos de dinero están recibiendo de quiénes, si es que provienen de países que son particularmente preocupantes desde el punto de vista de paraísos fiscales y lavado de dinero, entre otras cosas.
- ¿Qué tan factible es que prospere un proyecto de ley?
- Eso es lo difícil, hoy la Fiscalía tendría que pedirle a un juez que le autorice a acceder a las cuentas corrientes de todos los notarios, de todos los conservadores y de todos los parlamentarios. Por eso que preferiría algo más permanente para las personas políticamente expuestas, tal como se hace en Estados Unidos, Inglaterra y Australia, que es que para esa persona exista algún monitoreo especial. Hay que ver cuál es la mejor entidad en Chile encargada de hacerlo: la Unidad de Análisis Financiero, la Fiscalía, el SII; con todos los resguardos de privacidad y protección de datos, de tal forma de detectar esto apenas ocurra y no cuando es muy tarde.
- ¿Pero los notarios no son funcionarios públicos?
- En el caso de la Unión Europea también tiene algunos indicadores y algunas recomendaciones asociadas a tratar de detectar corrupción en funcionarios públicos.
En el caso de los notarios y conservadores no son funcionarios públicos, pero tampoco son 100% privados, o sea, ellos mismos lo dicen como que son aparte del sistema judicial; entonces, deberían estar sujetos a ese monitoreo.
- ¿Esta tarea es para la siguiente administración o para el actual Gobierno?
- La evidencia nos muestra que en Chile, a veces, se logra legislar solo cuando hay escándalo y si no, no se puede. En libre competencia ha pasado. Por ejemplo, el mecanismo de delación compensada tenía mucha resistencia en el Congreso hasta que se detectó el caso colusión de las farmacias y ahí se aprobó; el aumento de las multas para libre competencia para colusión se aprobó después del caso pollos. El Congreso y la legislación tienden a seguir un poco los escándalos.
Ahora que estamos en la mitad del escándalo de notarios, conservadores y parlamentarios con vínculos, arriendos, gastos y traspasos de plata, tal vez puede ser una oportunidad para hacerlo, porque ahora a los parlamentarios se les puede hacer difícil oponerse o, al menos, se les haría más costoso.
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Rodolfo Carrasco
