País
Gobierno busca dar nuevos poderes a Contraloría: acceder a cuentas bancarias y solicitar remoción de alcaldes
El Ejecutivo ingresó un proyecto de ley a la Cámara que fortalece el rol fiscalizador de la entidad que dirige Dorothy Pérez.
El 27 de mayo, la contralora solicitó al Senado más atribuciones para cumplir mejor su rol. Foto: Aton
El Gobierno ingresó este lunes a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que fortalece las atribuciones fiscalizadoras de la Contraloría General de la República, y que entre sus principales novedades incluye la posibilidad de poder acceder a las cuentas bancarias de empresas públicas y remover a gobernadores regionales y alcaldes frente a determinadas faltas a la probidad.
Así, el Ejecutivo se hace eco de lo planteado por la propia contralora Dorothy Pérez el 27 de mayo ante el Senado, cuando -junto con dar a conocer detalles de sus hallazgos en el caso de las licencias médicas mal utilizadas en el sector público- solicitó fortalecer sus atribuciones y avanzar en la creación de una cultura de integridad que impida la corrupción.
Entre las nuevas facultades, se propone que la entidad pueda requerir a jefes de servicio o funcionarios públicos los datos, todo o parte de una de sus bases de datos o conjuntos de datos, para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras.
Asimismo, se establece la facultad de la Contraloría de solicitar directamente a cualquier institución bancaria o financiera información relativa a las operaciones financieras o de inversión. En este contexto, se obliga a las entidades sujetas a la fiscalización de reportarle al organismo cada mes los saldos de todas las cuentas bancarias institucionales y cuentas de depósito. También deberán poner a disposición esta información cuando se practiquen inspecciones e investigaciones.
Más responsabilidades
En el texto, también se busca modificar las reglas de responsabilidad administrativa, permitiendo a la Contraloría iniciar un sumario administrativo y aplicar las sanciones que correspondan dentro de los seis meses posteriores al cese de funciones de un funcionario o funcionaria. Además, se plantea que las sanciones aplicables en estos casos corresponderán a una multa de 5% a 20% del valor de la última remuneración percibida o inhabilidad de uno a cinco años para ejercer funciones públicas.
Se propone que los sumarios administrativos instruidos por la Contraloría se desarrollen en un expediente electrónico y que todas las diligencias deberán realizarse preferentemente por medios electrónicos y/o digitales.
Otra facultad es que, en caso de constatar una vulneración grave al principio de probidad administrativa o hechos que pudieren ser constitutivos de notable abandono de deberes por parte de un alcalde o gobernador regional, pueda requerir al Tribunal Electoral Regional o al Tribunal Calificador de Elecciones, según corresponda, que determine si procede aplicar la causal de remoción en el cargo de dicha autoridad.
Si el procedimiento es iniciado por la Contraloría, se establece que el Consejo de Defensa del Estado podrá asumir el patrocinio en el proceso a fin de perseguir la remoción de la autoridad en cuestión.
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