No sólo dispuesto a hacerse parte como gobierno del proceso que se podría traducir en una nueva Constitución en el país, se mostró esta mañana el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, sino que también anticipó iniciativas en pos de reducir aquellos espacios que permitan vulnerar la fe pública.
"Nosotros estamos trabajando en un proyecto que va a fortalecer las penas y sanciones para lo que se llaman los delitos de 'cuello y corbata'", dijo el secretario de Estado en entrevista con Mesa Central de canal 13.
"La gente valora el progreso que hemos tenido en las últimas tres décadas, creo que toda la violencia, la conmoción de las últimas semanas no borra que la gente quiere progreso y quiere seguir seguir progresando, pero el reclamo más fuerte es que la distribución de los frutos es muy injusta", afirmó en el marco de una conversación donde marcó que los ejes de la administración Piñera incluyen recuperar la paz social -incluido el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia-, reformas que den forma a una nueva agenda social y partucipar de un proceso en las instancias institucionales que implique amplio acuerdo en pos de cambios constitucionales e, incluso, una nueva Carta Magna.
Consultado por el aumento de penas o sanciones, el ministro recordó que ya ha habido avances que con la crisis se olvidan, como el hecho de que la colusión ya está penada con cárcel y que se impulsó y aprobó con acuerdo parlamentario un proyecto que subió las penas a cárcel de los delitos funcionarios de soborno y cohecho.
Pero sí adimtió que en materia de colusión uno puede avanzar hacia otros frentes, por ejemplo subir las penas cuando son bienes básicos los involucrados o evaluar la responsabilidad de las personas jurídicas.
"En el fondo, lo que nosotros queremos es que las sanciones por incumplir la ley sean estrictas para todo tipo de dellito y, en particular, para aquellas que afectan la fe pública, porque si nosotros aspiramos a una economía de mercado, a una economía libre, competitiva, entonces no podemos permitir prácticas que atenten contra la fe pública", argumentó el secretario de Estado.
Otro frente que citó donde ve espacio para una regulación más estricta se refiere a la transición de sector público-privado o viceversa y recordó que en el Congreso hay proyectos de ley vinculados con la integridad pública y para modificar el sistema de notarios y conversadores, que acotó no ha sido posible debido a las "presiones y lobby".
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