A paso firme avanza en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados la reforma que “modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales”. De hecho, en la tramitación han ido cayendo algunas barreras que parecían intocables y que la fuerza de la costumbre y del lobby de los interesados mantenían inmutables, como es el caso de la jurisdicción de los conservadores de bienes raíces.
En la sesión del lunes 13 la instancia aprobó una indicación del Ejecutivo que, según algunos parlamentarios, termina con el “negocio millonario” en que han incurrido los citados ministros de fe.
El texto presentado por el gobierno establece que “habrá cuatro registros conservatorios para el servicio del territorio jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Santiago, y cada uno constituirá un solo oficio desempeñado por tres funcionarios”. Es decir, que la capital se dividirá en cuatro y en cada uno de esos territorios podrán ejercer tres conservadores.
Así, los de los tres que existen actualmente en toda esta zona, pasarán a ser doce.
También se presentó una indicación suscrita por un grupo de diputados de oposición, entre ellos el socialista Marcelo Díaz, quien ha llevado una especie de vocería en este tema.
En la misma línea del texto del Ejecutivo, el parlamentario apuntaba a terminar o, al menos, dificultar la existencia de monopolios en el ámbito de los conservadores de bienes raíces, pero era mucho más drástica que la del gobierno, ya que dividía en ocho la jurisdicción de Santiago para los conservadores. No obstante, no logró un respaldo mayoritario.
Después del debate, durante el cual algunos diputados, como el UDI Juan Antonio Coloma, inquirieron a la autoridad sobre la ganancia mensual de estos funcionarios en Santiago -respuesta que el subsecretario de Justicia Juan José Ossa dijo desconocer-, se rechazó la indicación parlamentaria y se aprobó la del Ejecutivo con un amplio respaldo de 11 votos a favor y una abstención.
Cautela del gobierno
Al defender la indicación, Ossa expresó su deseo de que existan menos monopolios legales, puesto que ello “le duele a la gente, le duele a los mercados”. Y, además, dijo que mirarán con cautela el mayor número de conservadores, puesto que no quieren que esto impacte en los precios. “Queremos acercar el servicio a la gente”, planteó.
La argumentación técnica para la división de la jurisdicción de Santiago en cuatro, aumentando el número de conservadores, la dio el jefe de la División Jurídica del ministerio, Héctor Mery. “La explicación de esto es entre histórica y de volumen de operaciones. El movimiento inmobiliario en Santiago es de tales proporciones y, en materia de inscripciones, es tan descomunal, que es muy difícil de comparar con otras jurisdicciones, donde el número de transacciones es menor”, dijo.
Así, acotó, se “facilita la operación del sistema”.
Esta propuesta del Ejecutivo aprobada por amplia mayoría, no era la primera que presentaba. La anterior dividía la jurisdicción solo en dos. Mary explicó el motivo del gobierno para el cambio: “Escuchando las opiniones vertidas por los integrantes de la comisión en el debate mismo, donde resaltó mucho el tema de que una mayor división podía significar más fluidez -no sé si más competencia, porque las partes tendrían un mismo territorio- y la división territorial podría propender a un mejor servicio”.
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