Si bien la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales entró en vigencia el 29 de septiembre pasado, todavía queda pendiente su implementación para que pueda cumplir su objetivo de reducir los tiempos de tramitación de los permisos que requiere un proyecto de inversión entre un 30% y 70%.
Uno de estos es la elaboración de un reglamento para aplicar una tramitación ágil y reducir en la mitad los plazos máximos de tramitación en las iniciativas que sean definidas como estratégicas. Por lo mismo, a principios de esta semana el Ministerio de Economía realizó un encuentro con representantes de gremios para iniciar el trabajo de definición de un estándar que permita categorizar de forma objetiva a dichos proyectos.
Liderada por el biministro Álvaro García, asistieron al encuentro exponentes de la Cámara Chilena de la Construcción (Cchc), el Consejo Minero, Generadoras de Chile, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y la Confederación de Producción y del Comercio (CPC). Además de representantes del Ministerio de Medio Ambiente, Wildlife Conservation Society Chile y el Observatorio Ciudadano.
Al respecto de la reunión, García explicó que “la intención es escucharlos para ver cómo aterrizamos ese criterio general en propuestas concretas que le permitan al Consejo de Ministros, que tiene que aprobar proyectos, poder aterrizarlos de la manera más objetiva posible”.
Mientras que ya se ha dicho que se espera dejar la mayor parte de la ley implementada a marzo del 2026 -antes del cambio de Gobierno-, el jefe de la División de Fomento e Industria del ministerio, Nicolás Marshall, detalló que se está trabajando en tres ámbitos en el proceso de implementación de la Ley.
Estos serían la creación general del sistema con la implementación de reglamentos y decretos con fuerza de ley; el segundo es la implementación de técnicas habilitantes alternativas a las declaraciones juradas y el tercer ámbito es la capacitación a los funcionarios públicos.
Representantes de distintos gremios empresariales llegaron hasta el Ministerio de Economía.
La mirada de los gremios
Entre los asistentes de la reunión estuvo el director de Políticas Públicas de Sofofa, Rodrigo Mujica, quien señaló que el principal objetivo de la definición de proyecto estratégico debería ser reactivar la inversión de iniciativas relevantes o que "muevan la aguja" por su especial impacto en la economía.
“Lo relevante es aprovechar las ventajas comparativas que tiene Chile, sin perjuicio de estar atentos a que pueden existir oportunidades coyunturales para Chile, como ocurre hoy con los minerales críticos o las tierras raras, que captan la atención mundial y debemos ser capaces de abastecer oportunamente”, dijo.
Al mismo tiempo, el director de Políticas Públicas de la CPC, Cristóbal Gamboni, indicó que es importante que se escoja un número acotado de iniciativas que sean agilizadas, pero que en el momento de hacerlo cuenten con un amplio espectro de sectores o tipos de inversión.
“Por eso, el reglamento que se utilizará para definir proyectos estratégicos debiera equilibrar criterios exigentes para los proyectos que se presenten en la nómina a los ministros, junto con suficiente flexibilidad para que distintos sectores o necesidades del país puedan ser considerados”, explicó.
Agregando que mientras que las prioridades nacionales pueden variar en el tiempo y responder a una urgencia o necesidad crítica.
“En ese sentido, el reglamento no debería excluir categorías de inversión, sino permitir que sean los ministros quienes, con una mirada de política pública y de acuerdo a las prioridades del gobierno, determinen qué proyectos ameritan ser definidos como estratégicos y agilizados”, dijo Gamboni.
Acerca de plazos, afirmó que lo prioritario es que el documento que prepare el Ejecutivo sea puesto en consulta pública, se consideren las opiniones de los distintos sectores y que la metodología permita definir como estratégicos una variedad suficiente de proyectos que reflejen las prioridades que el país tenga en cada momento.
En tanto, el presidente de la CChC, Alfredo Echavarría, señaló que las obras definidas como estratégicas que se sometan a tramitación ágil, deben ser catalizadoras del desarrollo económico del país, algo que desde el mismo gremio definen como infraestructura habilitante,que permita el desarrollo de nuevas industrias se desarrollen, aumente la competitividad y la eficiencia productiva.
“Dado que se buscan criterios objetivos, vemos que la infraestructura hídrica, energética de transmisión y de conectividad, de magnitud relevante regional e interregionalmente, y que den respuesta a estrategias de desarrollo tanto regionales como nacionales, son obras estratégicas, por el impacto y las externalidades positivas que generan a la sociedad”, dijo.
De esta manera, también indicó que espera que los puntos de vista sean recogidos por la autoridad y que puedan conocer el diseño final de los nuevos reglamentos antes de su implementación.
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