Tras las críticas que se le realizaron a la candidata oficialista Jeannette Jara (PC) por lo que algunos señalaron como las escasas propuestas presentadas en el programa de gobierno presentado, la presidenciable ingresó un documento anexo de 110 páginas y 383 propuestas, con énfasis en economía y tecnología. En el documento plantea que su eventual administración se sostendrá en cuatro pilares.
Estos ejes apuntan a producir condiciones para un “crecimiento económico justo, inclusivo y sostenible, que genere más y mejores empleos”; garantizar entornos seguros y tomar acciones concretas que resguarden el imperio de la ley, combatiendo frontalmente el crimen organizado y el narcotráfico; construir un Estado Social que garantice condiciones de vida que permitan el desarrollo digno; y, un rol activo en lograr una sana convivencia democrática.
Entre las propuestas que plantea Jara en este anexo, insiste con el ingreso vital de $ 750 mil, señalando que “proponemos la construcción de una política salarial, cuyo horizonte sea establecer un salario vital, definido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como “el nivel salarial necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias, teniendo en cuenta las circunstancias del país, y calculado como contraprestación por el trabajo efectuado durante las horas normales de trabajo”.
Sin embargo especifica que “este horizonte se logrará considerando plenamente las características y evolución de nuestra economía y de nuestro mercado del trabajo. Por ello, durante nuestro gobierno, como primer paso en el tránsito hacia esa política salarial, presentaremos una fórmula mixta de ingreso vital que considera incrementos al ingreso mínimo mensual, subsidio a las empresas de menor tamaño, y una transferencia directa a las y los trabajadores sujetos al ingreso mínimo mensual”.
Por otro lado, bajo el título de “Alivio al Bolsillo de las Familias”, el programa de la aspirante oficialista a La Moneda, manifiesta también que “restringiremos el cobro en UF en la salud, educación y arriendo de in muebles”. En este contexto explica que la Unidad de Fomento (UF) nació como una unidad de cuenta para expresar los ahorros de las personas en una unidad que se reajuste por inflación. En tal sentido, argumenta que “su uso es útil en instrumentos financieros como los créditos hipotecarios, permitiendo plazos más largos y tasas de interés más bajas que si éstos se fijarán en pesos. Sin embargo, su utilización se ha extendido más allá de lo recomendable, convirtiéndose en un mecanismo injusto para las familias, que reciben ingresos constantes, y enfrentan gastos crecientes debido a contratos reajustados mes a mes por la UF. Esto se observa, por ejemplo, en servicios de salud, educación, y arriendo de inmuebles”.
Según el documento anexo, el “uso indiscriminado de los contratos en UF, además, eleva la inercia inflacionaria. En una economía con tasas de inflación relativamente baja como la nuestra, no se requiere contar con tal cantidad de contratos reajustados todos los meses”.
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