En el marco de la Cuenta Pública el Presidente de la República, José Antonio Kast, anunció que enviará un proyecto para reformular la Ley Indígena en lo referido a la compra y uso de tierras.
“Necesitamos que aumente el turismo, regrese la inversión y recuperemos el desarrollo”, dijo en su discurso y, para ello, añadió que se trabaja en el diseño “de una política indígena coherente”.
El mandatario planteó que “la política de tierras impulsada hasta la fecha ha demostrado ser ineficiente y desconectada de las necesidades reales de las comunidades. Impulsaremos una reforma a la Ley Indígena que otorgue mayores libertades y herramientas para el desarrollo”.
Afirmó que “eliminando las restricciones al uso de sus tierras y permitiéndoles arrendarlas e hipotecarlas en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía chilena”.
El mandatario sostuvo que “para ello reformularemos el proceso de consulta sobre el nuevo sistema de tierras, que el gobierno anterior abandonó sin resultados” y que “garantizaremos que el proceso sea legítimo y libre de interferencias de quienes promueven la violencia o actúan de mala fe”.
Adicionalmente, señaló que “ordenaremos el actual sistema de compra de tierras, instaurando tasaciones transparentes a valor de mercado y trazabilidad real en cada compra”.
Y “para dar certeza y estabilidad a las familias que viven en comunidad, avanzaremos en el otorgamiento de derechos de uso y goce individuales sobre las tierras entregadas, permitiéndoles postular a subsidios habitacionales”.
Eduardo Frei fue el único expresidente de la República presente en Valparaíso. Foto: Julio Casto
Comisión para la paz
Estos planteamientos del Presidente se conocen en un contexto en que el gobierno de Gabriel Boric creó la “Comisión para la Paz y el entendimiento” en el sur, la cual evacuó un informe con 21 recomendaciones en cinco ejes transversales.
El diagnóstico principal concluyó que el sistema actual de restitución de tierras agravaba el conflicto al generar plazos de espera de entre 20 y 25 años por comunidad, proyectando que resolver la demanda total bajo el modelo antiguo tardaría hasta 162 años.
Luego inició un proceso de consulta indígena para su implementación, que está suspendido.
Entre los mecanismos de solución la comisión propuso la creación de un fondo de reparación de US$ 4 mil millones destinado a financiar la entrega de terrenos o alternativas de compensación, transitar desde la entrega exclusiva de tierras físicas hacia opciones de libre elección como financiamiento directo para educación, vivienda o proyectos productivos; y modificaciones en las normativas de contratos sobre tierras indígenas y una revisión integral de la coexistencia con los predios de uso forestal.
Jorge Welch, Holger Paulmann y Francisca Jüneman estuvieron presentes en Valparaíso. Foto: Julio Castro
Comunidades en alerta
Tras escuchar los anuncios del mandatario, una de las integrantes de la citada comisión, la diputada Emilia Nuyado (Partido Socialista), indicó que “lo que esperábamos era que el Presidente Kast anunciara avanzar en el reconocimiento a los pueblos originarios que hoy está paralizado en el Senado”.
A su juicio, “lo que se hace es vulnerar los derechos de los pueblos y lo que pretende es que las tierras puedan arrendarse, venderse y dejar a libre disposición para que puedan ofertarse en el mercado donde inmobiliarias y forestales las van a recibir”.
Agregó que “hay decisión de no respetar la ley, llegar y anunciar cambios cuando hay que tener un proceso de participación y consulta. Las comunidades ancestrales van a estar en alerta de lo que se ha anunciado”.
El que fuera secretario ejecutivo de la comisión, Víctor Ramos (Frente Amplio), señaló que “el anuncio es bastante escueto y a diferencia de la comisión para la Paz y el Entendimiento no se hace cargo de una solución integral y transversal para solucionar este gran conflicto generado por la actual ley indígena”.
El sicólogo sostuvo que “lo que se propone tiende a parecerse mucho a lo que fue el intento del expresidente Sebastián Piñera -en su segundo período- y que no terminó muy bien, porque no se trata de resolver un tema puntual de la política de tierra, se trata de lo que hace la comisión para la paz, es reconocer el conflicto que requiere muchos más elementos que una sola modificación a una ley”.
Adelantó que, “como todo cambio legal o propuesta, debe ser dialogada y consultada con el pueblo mapuche ahí siempre ha sido un trabajo difícil, porque más aún esta no es cualquier modificación de materia sectorial hablamos del corazón de la ley indígena”.
Ramos enfatizó que “en la comisión calculamos que para poder responder al ritmo actual de las demandas de tierras pendientes se tardaría entre 80 y 120 años; y acá se reduce mucho el conflicto a un tema puntual que es una mirada muy promercado de la ley indígena; eso más que ayudar en una futura consulta, lo dificulta. Espero que se pueda rectificar, La Araucanía no está para improvisaciones”.
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