Que a menos de dos meses de dejar su cargo, el Fiscal Nacional Económico haya echado mano a las notarías, proponiendo una reforma estructural para ese sector, a ojos de varios luce como una “jugada maestra”. Esto, porque pone un sello ciudadano como corolario de su gestión.
Pero dentro de la FNE cuentan que esta jugada no fue improvisada y que tampoco persigue la popularidad que acarrea el dejar en evidencia las falencias de un servicio fuertemente cuestionado por la ciudadanía. Entre las motivaciones del titular de la FNE, Felipe Irarrázabal, por realizar este y otros análisis de mercado realizados durante el último período, está la cristalización de un proceso que comenzó hace ocho años, cuando inició su primer período a la cabeza de este organismo.
Quienes lo conocen explican que desde un principio este abogado quiso ampliar el quehacer de la FNE, pasando desde la persecución de conductas anti competitivas puntuales -como el caso pollos- hacia una discusión de políticas públicas, que beneficien directamente a la población. Ese sería el espíritu detrás del trabajo que Irarrázabal ha desplegado a la cabeza de la FNE, impulsando -apoyado en dos reformas legales- la creación de nuevas áreas y la incorporación de recursos profesionales, técnicos y tecnológicos.
Sello ciudadano
La unidad de estudios de mercado, la más joven de las áreas de la fiscalía y que se instaló a partir de la reforma legal de 2016, le abrió la cancha a Irarrázabal para involucrarse en temas económicos más sensibles para la ciudadanía. Más allá de conductas puntuales de colusión o de abuso de posición, le permitió a la FNE analizar la evolución competitiva de los mercados, eligiendo aquellos más complejos y de alto impacto para el consumidor nacional.
En febrero de este año ese grupo finalizó su primer análisis, sobre rentas vitalicias, respecto de las que enviaron al gobierno recomendaciones normativas, tal como acaba de pasar con las notarías.
En esta línea, en abril Irarrázabal anunció un tercer proceso de estudio cuyos resultados amenazan con remecer, pues se trata de un área altamente sensible y transversal: los medicamentos. Y si bien los resultados de este ejercicio serán revelados en 2019 por el próximo fiscal económico, en ese momento la sombra de Irarrázabal seguirá presente.
“El principal desafío que enfrenta la institución, es dar continuidad al modelo de trabajo desarrollado en los últimos años, y que tiene como pilar fundamental la capacidad de profesionales que trabajan en la FNE, manteniendo, por cierto, su independencia y carácter técnico”, comenta el fiscal respecto de lo que viene. Consultado por Diario Financiero, añade que también se requerirá inversión en tecnologías para automatizar algunos procesos, facilitar el intercambio de información con los agentes económicos y hacer nuevos esfuerzos para promover la delación compensada como herramienta de detección de carteles.
En la cuenta pública que realizó en abril el propio fiscal se refirió al “ethos” de la FNE. A su juicio, es la defensa y promoción del interés general en materia económica, mediante la aplicación “consistente y rigurosa” de un modelo que se originó hace varias décadas y que en los últimos años se ha afinado, sustentado en varios pilares, siendo la confianza el principal. Le sigue la autonomía, “que hay que defender a sangre y a fuego, contra viento y marea”, aseguró en esa ocasión.
También a ello sumaba la necesidad de resguardar “el carácter técnico” del organismo, alejado de juegos políticos de salón y en la constante evaluación de desempeño, “aunque duela”; en la humildad para recurrir a asesorías externas especializadas y en la necesidad de mantener una integración internacional, en especial con los principales centros de creación de reglas de competencia, planteaba en su discurso.
Más de 500 investigaciones en 8 años
Durante los dos períodos de Felipe Irarrázabal a la cabeza de la Fiscalía Nacional Económica, la entidad realizó más de 500 investigaciones en torno a varios mercados y conductas. A ello se suman cerca de 200 acciones de libre competencia, entre las que figuran requerimientos, consultas, acuerdos extrajudiciales, conciliaciones, documentos de promoción, resoluciones de cierre con disuasión de conducta, resoluciones con recomendaciones e informes al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
En lo que respecta al control de fusiones, que comenzó a mediados de 2017, la fiscalía ha aprobado 29 operaciones de concentración, el 14% de ellas sujetas a medidas de mitigación, mientras que aquellas visadas en forma directa se tramitaron en un promedio de 18 días hábiles y la única que pasó a fase 2 de análisis tomó 89 días hábiles.
En materia de plazos, la división antimonopolios redujo sus investigaciones de 568 días en 2012 a 286 días el año pasado. "Estas reducciones son importantes porque el tiempo que transcurre complota en contra nuestra, e incluso una decisión perfectamente fundada y argumentada pero tardía puede ser igualmente dañina que una rápida pero equivocada", explicó Irarrázabal.
La División de Litigios, que representa a la FNE ante los tribunales, tiene nueve causas en trámite ante el TDLC y a la espera de resolución de otras cuatro: supermercados, navieras, líneas aéreas y ampollas, que se sumarían a la sentencia del "caso tissue" del año pasado.
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