Por Bárbara Gutiérrez P.
El proyecto de ley de reforma tributaria que inició su discusión esta semana en el Congreso, no sólo es materia de análisis en Chile. En EEUU, Oxford Analytica -según su sitio web ”una firma global de análisis y consultoría, que posee una red global de expertos para asesorar a sus clientes en su estrategia y performance”- realizó un detallado análisis de la iniciativa planteando que aunque “subiría la recaudación sólo en alrededor de 0,3% del PIB, constituye el primer paquete amplio de ajustes permanentes a las tasas de impuestos, desde una reforma que hubo en 1990, apenas recuperada la democracia”. Enfatiza que “el gobierno espera que los cambios tributarios propuestos sean aprobados por el Congreso en septiembre, y dado que fueron diseñados para financiar un mayor gasto en ducación, será difícil para la Concertación oponerse a ellos”. No obstante, realiza una aseveración en cuanto al debate que se viene: “La discusión en el Congreso será sólo el comienzo de un debate más amplio sobre la estructura tributaria chilena y su relación con la desigualdad de ingresos que será un elemento clave de la carrera presidencial del próximo año”.
El informe, distribuido a empresas locales y transnacionales, consigna que “ni la carga tributaria, ni la distribución del ingreso ha cambiado significativamente desde 1990”. Así, detalla, “el impacto en los cambios en la tremendamente desigual distribución del ingreso dependería principalmente de cómo la recaudación adicional sea gastada, pero a lo sumo, el impacto sería limitado” y plantea que “existe una demanda que en vez de mitigar, busca impulsar cambios más sustanciales, posicionando la reforma tributaria como un factor prominente en la campaña para las elecciones presidenciales de 2013”.
“Respuesta política”
El documento consigna que, “pese a que la reforma tributaria fue tema en la campaña presidencial de 2009 impulsada por el candidato Marco Enríquez-Ominami, no se instaló en la agenda del presidente de centroderecha, Sebastián Piñera. Los cambios, de hecho, eran rechazados inicialmente por muchos de su gobierno, incluyendo al ministro de Hacienda, debido a que se consideró financieramente innecesario y un elemento de incertidumbre en un tiempo de una fuerte inestabilidad”.
Según la entidad, “los cambios propuestos son una respuesta política a la creciente impaciencia con una desigual distribución del ingreso y de la riqueza, elementos acompañados por una percepción de que la regulación es demasiado indulgente con los negocios. El informe consigna que los críticos al alza del impuesto a las empresas aludieron el aumento de la recaudación fiscal en 2011 “reflejo de un crecimiento sólido en la economía, un alto precio del cobre y el superávit fiscal”. En ese escenario, señala que se deben considerar dos factores: “Bajo la política fiscal desde 2001, el gasto del gobierno no está atado a los ingresos recibidos en un año particular, sino que es un ingreso ajustado, permanente o cíclico que se calcula dependiendo de cuánto podría crecer el PIB y la variación del precio del cobre en el mediano plazo. Con ello se obtiene el nuevo gasto permanente y por eso, si crece el gasto en educación, se proponen gastos tributarios para financiarlos, porque se requieren nuevas fuentes de ingreso permanentes”. Añade que aunque el gobierno logró un superávit fiscal efectivo el año pasado, “éste representa un déficit estimado del 1,6% del PIB en términos estructurales”.
La firma precisa que “a pesar que los ingresos tributarios, impulsados por el crecimiento económico, se han duplicado en ocho años, han mostrado un pequeño cambio en relación con el PIB y existe una percepción creciente de que la carga tributaria -actualmente en torno al 18% del PIB- no es suficiente para satisfacer las demandas sociales”. Agrega que como otros países en América Latina, “Chile depende intensamente de impuestos indirectos, con un aporte del VAT de un 45% del total de los ingresos en 2011. Como resultado de esto, la estructura tributaria chilena es percibida como regresiva. La propuesta de reducción de impuestos para gastos educacionales, podría por otra parte, acentuar esta tendencia si es que necesariamente excluye al 80% de los chilenos que tienen un ingreso mensual inferior a
US$ 1.100 y que están exentos de pagar impuesto a la renta”.
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