En columna publicada hoy en su sitio web, el candidato presidencial, Andrés Velasco, criticó el nuevo proyecto de ley de reforma tributaria presentado por el gobierno, que se vota hoy en la cámara alta.
"El gobierno retiró el proyecto de ley de reforma tributaria y lo reemplazó por uno nuevo. La estrategia del reemplazo sugeriría una significativa diferencia entre ambos. Lo cierto es que no hay grandes diferencias. Y lo que cambia es, casi siempre, para peor", anotó Velasco.
Como primer criterio de evaluación, señaló que la recaudación de la propuesta tributaria original era poca, mucho menos de los US$700 millones que el gobierno prometió, y que la versión actual recauda aún menos, es decir, siguen faltando recursos para cerrar el déficit fiscal estructural y financiar la reforma educativa.
El otro criterio de evaluación que resaltó el candidato fue qué tan justa es una propuesta tributaria.
"En el proyecto anterior se incluían una serie de medidas para reducir la elusión. Una modificación tributaria homologaba el tratamiento de las sociedades de responsabilidad limitada al de las sociedades anónimas. Limitando los llamados "retiros en exceso" de las sociedades de personas se buscaba eliminar un mecanismo que se ha utilizado para postergar de manera indefinida el pago de impuestos", dijo Velasco.
"Otras normas sobre endeudamiento en exceso y tasación, en palabras del propio gobierno, nos acercaban a los estándares de los países avanzados miembros de la OCDE. Sin embargo, estos cambios ya no están en la nueva propuesta oficialista. Fueron retirados sin que mediase votación. Así de simple. ¿Lobby? ¿Presiones corporativas? ¿Presiones políticas? No hay que ser demasiado mal pensado para sospecharlo", denunció.
Asimismo, agregó que a diferencia de lo que el gobierno quiere hacer creer, 2este nuevo proyecto de ley no está inspirado en la búsqueda de consenso con la oposición", pues "esta inspirado en la búsqueda de consenso con la UDI", retirando medidas que en la opinión de la UDI atentaban en contra de esencia del actual sistema tributario.
En su columna, destacó además que la propuesta original del gobierno contenía dos materias interesantes: impuestos verdes y aranceles de importación, que se cayeron de la versión "simplificada".
"El gobierno eliminó modificaciones convenientes pero perdió la oportunidad de desechar una mala idea: la rebaja tributaria para financiar gastos en educación privada. Este beneficio sólo llegaría a los hogares más ricos (no a la verdadera clase media) y magnificaría la segregación de nuestro sistema escolar. En el Congreso, la oposición no perderá la oportunidad: lo más probable es que eche abajo esta medida", aclaró Velasco.
Una sola modificación de la nueva propuesta sí se justifica según Andrés Velasco, el impuesto de "timbre y estampilla" que se rebajará menos de lo inicialmente proyectado.
"Los expertos del CEP y Cieplan concluyeron correctamente que este impuesto debe mantenerse como una suerte de IVA a los servicios financieros. Dicho de otro modo, eliminar el impuesto de "timbre y estampilla" reduce la recaudación fiscal sin aumentar la eficiencia", explicó.
Finalmente, redactó que cualquiera sea el texto que finalmente apruebe el Congreso, "este ajuste no hará mucho para garantizar un sistema tributario más justo. Con ese propósito debemos eliminar o restringir regímenes especiales de tributación que se crearon con buenas intenciones, pero que en la práctica han permitido la elusión", enfatizó Velasco.
En este sentido señaló que quedaban varios pendientes: corregir el régimen de fondos de inversión privados; cambiar el sistema de renta presunta en el transporte, la minería y la agricultura; y las empresas grandes que se acogen abusivamente a postergaciones de impuestos diseñadas para ayudar a las PYMES.
Además, destacó que falta por mejorar que las personas de mayores ingresos ahorren su dinero en el extranjero, sin tener la obligación legal de pagar ningún peso de impuestos en Chile; el uso indiscriminado de facturas por parte de las empresas para reducir el pago de impuesto personales; entregar mayores atribuciones de fiscalización al Servicio de Impuestos Internos; y los impuestos verdes.