Álvaro Clarke: Desproporción en multas de La Polar y Cascadas revela una debilidad institucional


Un llamado a realizar un debate responsable, profundo y de largo plazo en lo bursátil tras el Caso Cascadas, realiza Álvaro Clarke, ex superintendente de Valores y Seguros, hoy presidente de la clasificadora IRC. Para ello, señala, es necesario recordar que “siempre es mejor prevenir que curar”, recordando un reciente artículo de The Economist -sobre corrupción en el país-, “lamentable para la imagen de Chile”.

Para ello, asegura, “son necesarias las leyes, el impulso de una normativa complementaria adecuada, la autorregulación y la educación de los actores del mercado de capitales”. Enfatiza que “en EEUU la autorregulación es institucional y satisface modelos de cumplimiento que garantizan la debida independencia en su actuar”.

-¿Y en términos normativos, hacia dónde se debe avanzar?

-Hay medidas exitosas como la ley 20.393, que busca que las empresas tengan modelos de prevención de ilícitos de lavado de dinero, cohecho y financiamiento del terrorismo, o la ley 19.913 de lavado de activos. Esto implica que las compañías tienen que desarrollar modelos, destinar recursos, y tener personal que les dé cumplimiento. La SVS, al parecer, tiene la expectativa que las corredoras puedan identificar si están eventualmente frente a operaciones dolosas en el mercado de valores; sin embargo, para ello hay que dar una señal previa y clara al mercado y requerir la implementación.

-¿Qué le parecieron las multas aplicadas en el Caso Cascadas?

 -En lo institucional, no puedo dejar de mencionar el amplio espacio de discrecionalidad que hay para determinar multas. En el caso La Polar, el total equivale a US$ 4 millones, siendo que fue la destrucción de valor más grande que ha ocurrido en el mercado de capitales y donde los bonos y stocks options cobrados por los ejecutivos involucrados superaron largamente esa cifra. En el Caso Cascadas sólo la sanción aplicada a Felipe Errázuriz, actuando en nombre de un intermediario, fue mayor que ese monto, sin que se le haya acreditado ganancia alguna. Ciertamente, no tiene sentido y agrega innecesariamente, la percepción de arbitrariedad e incertidumbre al mercado de capitales. En el fondo debe haber un criterio institucional que trascienda los superintendentes. Esto inequívocamente es una señal de debilidad institucional y que debe ser fortalecida.

-Pero los momentos son distintos, así como la intolerancia social al respecto...

-Las leyes en esta materia no han cambiado entre un caso y el otro; por lo tanto, lo que hay a la vista son más bien criterios muy distintos. Lo que uno debiera esperar son más bien criterios institucionales de largo plazo. Eso le da certidumbre al marco de regulación.

-¿Qué otros criterios institucionales se requiere establecer?

 -Es clave el proyecto de ley que convierte a la SVS en Comisión de Valores, esto permitirá hacer recaer la autoridad en un cuerpo colegiado integrado por varios consejeros, robustecer el debido proceso, establecer procedimientos de formulación de cargos y sanciones explícitos y monitoreables, votos de mayoría y minoría, actas, etc., que finalmente redunde en mayor control social, predictibilidad para el mercado e independencia para el ente regulador. Esto debe ir acompañado de una mayor potestad regulatoria y autonomía del gobierno de turno.

SVS pudo revisar mecanismos
Frente a la posibilidad de prohibir las OD automáticas, Clarke remarca que esto "no tiene mucho sentido, es una operación relativamente común en las principales plazas bursátiles del mundo". Mecanismos como remates y operaciones directas, añade "son establecidos dentro del marco de la ley" y "son aprobados por el organismo supervisor, por lo tanto, si así lo hace es porque son concordantes con los objetivos". Subraya que la "SVS siempre ha tenido la potestad para estos requisitos pueden ser cambiados, el mercado ha funcionado así durante varios años. Citó un estudio de su autoría que mostró que "LarraínVial cumplió con toda la normativa vigente para los remates y las OD". En consecuencia, añadió, "no debiera haber mayor cuestionamiento desde la correcta ejecución de orden". Con todo, "eso no implica que estas operaciones hayan sido racionales o irracionales para quien las ordenó, pero ese es un tema que debe o debió juzgar" dicha parte.