Más allá de los efectos que pueda tener la nueva regulación del sistema de salud privado en las Isapres y los prestadores de salud, otras entidades se verán afectadas por la nueva normativa, si se siguen las recomendaciones de la comisión presidencial. Éstas corresponden a las compañías de seguros y a las mutuales, dados los cambios planteados a los seguros de salud y la institucionalidad de las licencias médicas, respectivamente.
Los seguros que hoy se contratan para cubrir aquel porcentaje del cobro por gastos en salud que no está resguardado por el plan de Isapre o por Fonasa, se verán sometidos a una nueva regulación, la que incluso contempla la existencia de un nuevo fiscalizador.
Se trata de “reglas del juego claras con enfoque sanitario para una industria que crece fuertemente”, señala el economista miembro de la comisión presidencial David Debrott. Reglas que, entre otras cosas, incluyen la entrada de la Superintendencia de Salud a la fiscalización de estos productos, los que actualmente sólo reportan a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
Y no se trata de un segmento de negocio menor para las las compañías de seguros de vida que los ofrecen. De acuerdo al último informe de la SVS, estas pólizas concentran el 9,2% de la prima de estas entidades, lo que alcanza los $ 184,186 millones, a junio de este año. En la cifra se incluyen las pólizas individuales y las colectivas, siendo estas últimas las más ofrecidas por las aseguradoras.
Las nuevas licencias
Las otras entidades que se verían afectadas por la nueva regulación –de ser considerada en el proyecto de ley la propuesta de la comisión presidencial- son las mutuales. Esto, en lo que respecta al otorgamiento de licencias médicas, ya que serían incluidas en lo que se denomina una “nueva institucionalidad” que regirá al sector.
Y es que, de acuerdo al documento, se separarán los recursos que se destinan a licencias médicas de los correspondientes a salud, los cuales hoy son ambas parte de la cotización del 7% de salud. Para esto se creará una entidad dependiente del Ministerio de Salud, que administrará los subsidios, a la que irán a parar no sólo los recursos que actualmente Fonasa y las Isapres destinan a licencias médicas, sino también se propone que a este fondo contribuyan los beneficiarios de la ley de accidentes del trabajo, es decir las mutuales.
“Se termina con el subsidio cruzado que hay hacia las mutuales, porque son éstas las que hoy debieran pagar el total de las licencias por enfermedades profesionales y accidentes del trabajo”, dijo Debrott.
Para el ex ministro de salud del gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich esto es “una novedad que no debe pasar desapercibida… De manera que aquí estamos hablando de un cambio radical”.
La visión del ex ministro no es positiva respecto de esta propuesta en específico. Según comenta, estos recursos que serán entregados a la nueva institucionalidad que administrará las licencias médicas “obviamente va a crecer como otro fondo mancomunado más y se va a comer toda la cotización obligatoria de salud”.
US$ 826 millones a Licencias
De acuerdo a la Superintendencia de Salud, en 2013 las Isapres destinaron US$ 826 millones ($ 482.972 millones) al pago de subsidios por incapacidad laboral, lo que representa un alza real de 11,9% respecto del año anterior. De acuerdo a la propuesta, el gasto deberá ser compartido por las Mutuales.
La iniciativa es criticada por Mañalich, debido al crecimiento que han mostrado los gastos en licencias médicas a lo largo del tiempo y el alto número de ejemplares fraudulentos que se otorgan. De acuerdo al ex ministro, "estamos hablando de un fondo, entre Isapres y Fonasa, de $ 1.000 millones al año, de los cuales $ 500 millones se usan fraudulentamente todos los años. O sea, dos hospitales Salvador por año se derrochan en licencias médicas".
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