A tres meses de que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) diera inicio a los períodos probatorios para las defensas de quienes recibieron formulaciones de cargo por el Caso Cascadas, y a casi un año desde que comenzara su investigación, finalmente entra en una etapa decisiva.
Durante esta semana se darán por finalizados los últimos períodos del proceso, en los que se rindieron pruebas en defensa de Julio Ponce, Roberto Guzmán, Aldo Motta y Patricio Contesse Fica; a los que se suman Leonidas Vial, Alberto Le Blanc, Cristián Araya y Banchile C. de B., Manuel Bulnes, Felipe Errázuriz y LarrainVial C. de B.; además de otros cuatro formulados.
Una vez concluidos, el regulador seguirá un proceso de análisis y resolución, ejercerciendo su facultad sancionatoria (sancionando o absolviendo) a los imputados. Carlos Pavez, superintendente de Valores, ya dio a conocer que, de no haber nuevas presentaciones judiciales o de otro tipo que puedan interrumpir nuevamente los plazos, “se podría estimar, en términos muy generales, que durante el mes de septiembre podría estarse finalizando el procedimiento administrativo sancionador”.
35% de testigos declaró
Luego de que fueron dadas a conocer las listas de testigos presentadas por las defensas, las expectativas eran altas. Esto porque nombres como Luis Enrique Yarur, Andrónico Luksic, Bernado Matte, junto a otros connotados ejecutivos conformaban parte de los citados a declarar.
Sin embargo, apenas fueron 14 de un total de 40: es decir, sólo 35%. Según el abogado de Julio Ponce Lerou, Raimundo Labarca, el regulador está "obligado" a citar a los testigos bajo apercibimiento, cosa que no sucedió, por lo que ésta sería "otra de las infracciones que ha cometido en este proceso".
Por otro lado, abogados de la plaza afirmaron que a pesar de que la entidad puede enviar las citaciones bajo esa modalidad, una cosa distinta es ejercer, efectivamente, ese apercibimiento, lo que involucra acudir a tribunales.
Cabe destacar que algunos de los principales formalizados que fueron citados, no acudieron a prestar su testimonio.
La clave: ¿qué es un precio de mercado?
A pesar de que parece una pregunta fácil, es uno de los puntos que genera mayor controversia en este caso, ya que la SVS usó como criterio los promedios de los últimos 30, 60 y 90 días.
Según la opinión de la mayoría de los expertos, esa definición no reconoce todas las variables que influyen en la formación de un precio de mercado.
Sin embargo, en un aumento de capital realizado en 2007 por Norte Grande, se informó a través de un hecho esencial que "las acciones que se emitan serán ofrecidas durante el período de opción preferente a un valor por acción equivalente al precio promedio ponderado en la BCS (...) de cada una de ellas durante los 60 días hábiles bursátiles anteriores a la fecha en que se celebre la sesión de directorio en que se acuerde proceder con la emisión respectiva".
Spencer: el foco en qué es un precio de mercado
El gerente general de la Bolsa Electrónica, Juan Carlos Spencer, señaló en relación a cómo se puede definir un precio de mercado, que dadas las prácticas y literatura al respecto, "lo que más representa el precio de mercado es el valor de la última transacción realizada en bolsa. Es más, este criterio es el que ocupan en la valorización de sus carteras las AFP". Añadió que, "en general, cualquier definición de precio de mercado no puede tomar más de un día de extensión", ya que "empiezan a influir variables que pueden afectar el precio de mercado y al día siguiente el escenario teórico y práctico puede ser totalmente distinto".
Según su declaración, tomar precios de 30, 60 y 90 días, "no tiene la más mínima relación, porque no reconoce el riesgo de mercado, político y estructural. Citó como ejemplo la primera guerra del golfo, contexto en que las bolsas mundiales "suspendieron sus transacciones para determinar cuál era el impacto de esto en los mercados".
Turno de Haindl y el enfrentamiento de abogados
Polémica fue la asistencia del economista Erik Haindl -presentado por defensa de Aldo Motta-, que incluyó la solicitud de salida de uno de los abogados presentes. La abogada instructora -por parte del regulador- recibió amenazas "en reiteradas oportunidades de interponer un recurso de amparo", subrayándole que "la única perjudicada sería ésta", según el acta. Antes de comenzar las preguntas, el abogado Víctor Vial -por Motta-, afirmó que "ha sido constatada por la abogada(...) la presencia de dos abogados en representación de Moneda", a lo que siguió la solicitud de que se quedara sólo uno. Pero Pedro Pablo Gutiérrez negó la veracidad de aquello, expresando que él asistía como apoderado designado en la causa, mientras que Carlos Frías -el otro profesional aludido- asistía como representante legal de la intermediaria, y que ello cumplía la normativa, al estar un abogado y "el interesado". Zanjado el punto, se dejó constancia "que el sr. Vial ha tenido un trato descortés con su colega el sr. Frías".
Parodi y explicación de remates en un solo lote
Patricio Parodi declaró como testigo por la defensa de Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz, de LarrainVial. Respecto a los remates de acciones en un sólo lote, el gerente general de Consorcio Financiero dijo que el vendedor decide que se haga de esta forma, "y así se asegura que se vendan todas las acciones, al mismo precio". En ocasiones "el o los compradores exigen que el vendedor inscriba un solo lote para minimizar la probabilidad de tener competencia en adquirir las acciones". A su vez, negó que un remate por US$ 100 millones con 20 horas de anticipación podría obstaculizar el ingreso de terceros, ya que en un mercado profundo como el local cualquiera lo puede hacer. También negó la eventual influencia de una corredora en el impulso de transacciones relacionadas, ya que las decisiones las toma el cliente, y sobre el conocimiento del mercado de un emisor, aseguró que "es diferente cuando el aumento de capital se coloca por primera vez" de cuando son reiterados, pues "las acciones del emisor son conocidas por el mercado".
Término de la arista penal para Coloma
Impacto causaron en marzo pasado las declaraciones del controlador indirecto de SQM, Julio Ponce Lerou, a la salida del Ministerio Público, en las que indicó que "si su Excelencia, el presidente de la República, no hubiese participado del caso Cascadas, no habría caso Cascadas". Poco más de dos meses después de ese episodio, tras una serie de declaraciones de testigos y del mismo ex mandatario, Sebastián Piñera (quien respondió por escrito), la fiscalía estableció una crucial definición sobre el asunto.
En entrevista con Diario Financiero, el fiscal que lidera la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, al ser consultado respecto a si se iba a abrir una arista que incluyera el rol del ex mandatario, aseveró que "no existe en la investigación ningún antecedente claro o específico que permita abrir una arista (...) no tenemos antecedentes que nos permitan pensar que hubo algún tipo de participación o intervención de alguna autoridad pública, fuera de la SVS, como para plantearse una investigación penal respecto de ella".
Luego, la Fiscalía Centro Norte resolvió presentar la solicitud de sobreseimiento definitivo para el ex superintendente de Valores, Fernando Coloma, ante la querella por prevaricación y abusos contra particulares presentada Julio Ponce Lerou en su contra, así como de otros dos funcionarios de la SVS. El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 2 de septiembre la audiencia para analizar la petición de sobreseimiento definitivo.
Entra el CDE y acusa "afán dilatorio"
Luego de que el 11 de junio la Corte de Apelaciones acogió un recurso de no innovar presentado por la defensa de Roberto Guzmán Lyon, y con el fin de evitar que la continuidad del proceso que encabeza la SVS se viera amenazado (considerando la caducidad de cuatro años de las operaciones para que el regulador ejerza su facultad sancionatoria), la entidad anunció el traspaso de "todos los antecedentes necesarios al Consejo de Defensa del Estado (CDE), para que este organismo pueda representarla judicialmente, y ejercer las apelaciones que correspondan" ante la citada instancia judicial.
Acto seguido, el CDE enumeró más de 60 recursos con "afán dilatorio" interpuestos por los formulados en el caso, en contra de las decisiones tomadas por la SVS.
Posteriormente, el 25 de junio, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago levantó la orden de no innovar en el proceso sancionatorio de Roberto Guzmán Lyon, dando luz verde nuevamente a la SVS para continuar con la investigación que comenzó en septiembre de 2013, por su eventual participación en el caso Cascadas.
Lo cierto es que con la intervención del CDE, explicaron abogados, este caso pasó a ser considerado un "asunto institucional".
Luego, los abogados de Aldo Motta acudieron al Tribunal Constitucional (TC), pidiendo que se detuviera la causa en la Corte a la espera que se analizara la constitucionalidad de una norma que valida la forma de proceder de la SVS en la etapa probatoria; además solicitaron que el CDE cesara su representación de la SVS.
A pesar de que el TC acogió a trámite el requerimiento, no aceptó detener el proceso en la Corte y rechazó sacar al CDE del proceso.
Directores dejan de ser prioridad
Con el fin de concentrarse en los "actores principales" y no en los secundarios, la SVS habría evaluado el cierre temporal de la arista relacionada con el papel que jugaron los directores de las sociedades involucradas en el caso Cascadas. Los argumentos apuntarían, por un lado, a la limitada capacidad del regulador, en términos de funcionarios y recursos, para abordar investigaciones como ésta. A esto se suma el riesgo de que la mayoría de las operaciones incluidas estén próximas a caducar, lo que implica que la SVS no podría ejercer su potestad sancionatoria. Así, al regulador le haría más sentido enfocarse en quienes ya han recibido formulaciones de cargos y, eventualmente, podrían ser sancionados: Julio Ponce Lerou, Aldo Motta, Leonidas Vial, Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz, Roberto Guzmán Lyon, y Patricio Contesse.
¿Información Privilegiada?
Siguiendo el esquema que planteó la SVS bajo el cual ocurrieron las supuestas infracciones, varios abogados han sostenido que se abre espacio para que sancione por nuevos cargos. Entre ellos, el más probable es el de uso de información privilegiada, cuya definición apunta a "cualquier información referida a uno o varios emisores de valores, a sus negocios o a uno o varios valores por ellos emitidos, no divulgada al mercado y cuyo conocimiento, por su naturaleza, sea capaz de influir en la cotización de los valores emitidos". Fuentes conocedoras del proceso dicen que en estos casos la formulación es por cargos "relativamente generales", pero que avanzada la investigación, la opción para presentar nuevos cargos está abierta. Un ejemplo: la reformulación contra PwC en el caso La Polar.
La decisión del Consejo para la Transparencia
La decisión del Consejo para la Transparencia ante el recurso presentado por la defensa de Julio Ponce Lerou, es el punto más reciente de conflicto en términos de interpretaciones.
Según el abogado Raimundo Labarca, la decisión -que informó Diario Financiero la semana pasada- "constituye un hito de los más relevantes del denominado Caso Cascada. La Superintendencia sufrió un duro revés de mano del Consejo. (...) nosotros tenemos derecho a formular nuestros descargos una vez más; tenemos derecho a abrir un término probatorio una vez formulado nuestros descargos", lo que implica la paralización del proceso. Además, el profesional señaló que esto era un verdadero "rayado de cancha" para el regulador, ya que de los catorce requerimientos que hicieron ante el consejo, sólo uno no fue acogido, y que independiente de que la SVS recurra esta decisión ante la Corte de Apelaciones, la información debe ser entregada en un plazo de cinco días.
Por otro lado, abogados conocedores del caso, reafirmaron que la realidad es que el Consejo para la Transparencia sólo acogió tres de los 14 requerimientos, agregando que si la SVS acude a la corte, esa información no debe ser entregada.
Desde la SVS respondieron que el regulador "se encuentra analizando el documento emitido por el Consejo para la Transparencia y durante los próximos días ejercerá su derecho de reclamo de ilegalidad que le otorga la ley.
En sentido, la SVS aportará todos los antecedentes necesarios al Consejo de Defensa del Estado (CDE), para que este organismo pueda representarla judicialmente y ejercer las apelaciones que correspondan ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Los procesos administrativos en curso seguirán su desarrollo normal, toda vez que son procedimientos independientes".
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