No sólo Inversiones Santa Serella, incluída dentro de las sociedades investigadas en el marco del escándalo Inverlink, es un factor común con las actuales indagatorias relacionadas a los controladores del grupo Penta.
Y es que además de dicha compañía, perteneciente al ex director de varias compañías del holding, Hugo Bravo, son los efectos a nivel político los que están marcando otro punto en común entre ambos casos.
Mientras hace once años atrás los efectos salpicaron a la Concertación, con la orden de detención en contra del ex ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro García, quien al momento de estallar el escándalo era director del grupo encabezado por Eduardo Monasterio, además del fraude de más de US$ 100 millones a Corfo (dando origen a la teoría del robo del “jarrón” del ex presidente Ricardo Lagos) y a una acusación constitucional en contra del entonces titular de Economía, Jorge Rodríguez Grossi (por su responsabilidad política sobre Corfo), ahora el foco está puesto sobre varios parlamentarios pertenecientes a la Alianza, además de casos puntuales de partidos de gobierno e independientes.
Y mientras esa arista está recién comenzando a tomar forma, la realidad que se vive en el proceso penal está más avanzada.
A pesar de que el día a día de las compañías del grupo Penta se ha mantenido prácticamente inalterado, la realidad es que en el piso 15 del edificio corporativo del holding, donde se encuentran las oficinas de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, sí ha habido cambios.
El primero, que Hugo Bravo, ex ejecutivo de confianza de ambos empresarios se encuentra vacía. Además, según señalan fuentes del holding, existe incertidumbre respecto a si Bravo ha intentado incriminar a más personas en la investigación que lleva el fiscal Carlos Gajardo, en un intento por lograr una rebaja en la pena por su rol en el caso FUT, del cual estaría confeso, en el que se habría coludido con funcionarios del SII para enriquecerse ilícitamente a través de las declaraciones de impuesto de sus sociedades personales.
Esto no quita, puntualizan, que exista plena confianza respecto a que tanto Délano como Lavín han actuado de forma correcta y sin dolo en cualquiera de sus actividades.
Por otro lado, al ser la investigación -que se encuentra radicada en la Fiscalía Oriente- de carácter secreto, ninguna de las partes ha podido tener acceso a los antecedentes aportados por la contraparte.
La razones por las que se ha mantenido así es porque el cohecho es uno de los delitos base de lavado de activos, figura que las investigaciones sean de este tipo.
Los antecedentes que supuestamente tendría Bravo
Según señalan fuentes conocedoras de la causa, efectivamente habrían varios nombres de políticos involucrados en la entrega de boletas que no corresponden a una prestación de servicios efectiva, lo que, agregan sería una práctica habitual en algunos círculos, ya que las cifras que el Servicio Electoral (Servel) autoriza son considerablemente inferiores a las que se requerirían para llevar a cabo una campaña “efectiva”.
Además, señalan que antes de que fuera despedido de Empresas Penta, Bravo habría copiado años de correos electrónicos tanto de Carlos Eugenio Lavín como de Carlos Alberto Délano, los que comprenderían información valiosa en la investigación.
Por otro lado, ejecutivos del holding afirman que, aunque el servidor de las compañías guarda mails de hasta un año de antigüedad, los ejercicios anteriores estarían respaldados en otros equipos, y que no habría ningún antecedente que involucrara a ambos empresarios.
Boletas: el paso de delito tributario a penal
Una de las interrogantes que ha abierto este caso es por qué el uso indebido de boletas de honorarios está siendo considerado dentro del área penal, siendo que en prácticamente todos los casos similares a éste el SII los considera como gastos rechazados. De haber sido así, lo que correspondería sería el pago de una multa, ya que las boletas emitidas por las cónyuges de Délano y Lavín no estarían relacionadas a la prestación efectiva de un servicio.
Sin embargo, el organismo decidió interponer una denuncia, lo que marcó un hito en el tratamiento de este tipo de delitos.
La razón está en el artículo 175 del Código Procesal Penal, que señala que "estarán obligados a denunciar los fiscales y los demás empleados públicos, los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones y, especialmente, en su caso, los que notaren en la conducta ministerial de sus subalternos".
La denuncia del SII pide quea los empresarios se les investigue como presuntos autores de delito tributario por el uso indebido de boletas de sus señoras para disminuir impuestos.
Esto habría sucedido desde al menos 2009, todos los meses, con un perjuicio fiscal de $400 millones.
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