Por cuatro horas se extendió la audiencia por el llamado Caso Pollos ante la Tercera Sala de la Corte Suprema. En esta sesión los alegatos los realizó Ariztía y la Asociación de Productores Avícolas de Chile A.G. (APA), quienes insistieron en que no existió la colusión y pidieron anular sanciones.
Pasadas las nueve de la mañana, el ministro de la Corte dio paso al relator, quien en dos horas detalló los actos y conductas por las que acusan a las empresas involucradas (Don Pollo, Ariztía, Agrosuper y la APA), revelando como evidencias diferentes correos electrónicos.
Cabe recordar que el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) les acusó en septiembre de colusión imponiéndoles una multa total de US$ 60 millones, la máxima establecida por ley y la más alta de la historia: US$ 25 millones para Ariztía y Agrosuper, respectivamente; y US$ 10 millones para Don Pollo.
A ello se suma que el Tribunal ordenó la disolución de la APA, que habría actuado como coordinadora del cartel a través de Juan Miguel Ovalle, quien todavía preside el ente gremial.
El relato destacó los cuatro hechos que para el Tribunal agravan la conducta: que fue promovido por una asociación gremial, la colusión es uno de los ilícitos más graves para la libre competencia, el aumento de precios afectó a consumidores, y que eso trajo un beneficio económico para las empresas.
Como en el pasado, ambas defensas insistieron en que no hubo tal beneficio económico ni colusión ya que no se restringió la producción, sino que ha aumentado.
Según el defensor de APA, Felipe Vial, "el supuesto acuerdo que se imputa no existió y no se restringió producción. Ha registrado aumento de 7% anual, superior a la economía del país, y el pollo se ha convertido en la carne más consumida".
En esa misma línea, el abogado de Ariztía, Álvaro Ortúzar, dijo que "no se está frente a una colusión, Chile es el país en que más ha crecido el consumo de pollo y lo hizo de forma rápida y sostenida". A ello se suma que" tiene los menores precios de pollo de Sudamérica".
En su intervención, Ortúzar también aseguró que "el beneficio para Ariztía ha sido 0", luego de que el Tribunal insistiera en las ganancias que obtuvo con las prácticas de colusión de las que se le acusa.
"La sentencia se salta parte de la prueba que no le conviene y carece de fundamento económico", dijo en sus alegatos. Más tarde, ante la corte, dijo que "el tribunal no hizo un análisis económico porque la realidad no coincide con la teoría".
Según el abogado, "la multa aplicada es extremadamente desproporcionada pues Ariztía no ha sido rentable. Ha tenido una rentabilidad histórica de 2% anual, mientras que rentabilidad en el periodo del supuesto acuerdo fue de apenas 1%".
Además, atacó a la FNE al señalar que "ocultó información a las requeridas y acompañó antecedentes sin fundamento legal, con pasajes que contrariaban la tesis".
En definitiva, "el fallo debe ser revocado pues el TDLC impuso a Ariztía una cuantiosa y desproporcionada multa, asumiendo como un hecho que habría un sobreprecio de 3%". También pidió se considerase que "a Ariztía se le aplicó la misma multa que Agrosuper, siendo que el impacto de ella en todo el grupo es de 8 veces superior al impacto sufrido por Agrosuper sólo en su negocio cárnico".
Desde la APA concluyeron que el fallo "debe ser dejado sin efecto" por "injusto", porque carece de fundamentos y "tendría efecto gravísimo para la industria".
"Es absolutamente inconcebible acción de colusión pues sería una esquizofrenia institucional", dijo el defensor de APA tras afirmar que el gremio tiene "vocación por el libre comercio".
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