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Publicado: Martes 17 de noviembre de 2015 a las 13:48 hrs.
La Corte de Apelaciones de San Miguel acogió a trámite y declaró admisible la solicitud realizada por la Fiscalía Nacional para acceder a todos los antecedentes del caso colusión, en manos de la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
El viernes pasado, el Fiscal Regional Metropolitano Sur, Raúl Guzmán, presentó ante dicha Corte una petición para que resuelva este tema, después de que fuera negada la solicitud realizada por el Fiscal Jefe de la Fiscalía Local de Puente Alto, Cristián Galdames, quien está recopilando antecedentes por la denuncia de adulteración de precios en el papel Tissue, que involucra a CMPC y SCA.
El 5 de noviembre, el TDLC había esgrimido tres argumentos para sustentar su rechazo a facilitar estos antecedentes.
Primero, porque ellos habían sido decretados confidenciales "atendido que su divulgación puede afectar significativamente el desenvolvimiento competitivo de sus titulares"; segundo, porque "existen diversos límites a las facultades de investigación del Ministerio Público"; y tercero, porque dadas las normas de reserva y confidencialidad contempladas en la legislación, "no resulta acorde con esta normativa otorgar a la Fiscalía Local de Puente Alto copia de documentos y antecedentes cuya confidencialidad ha sido declarada por este Tribunal, atendida la eventual afectación del ejercicio de derechos constitucionales".
La AFC advirtió que el cambio reducirá los recursos que gestionará y, con ello, sus ingresos. María Paz Hidalgo explicó que, ante modificaciones legales anteriores, estas compensaciones se han pagado con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.
El adelanto corresponde hasta un 26% del costo total de la obra, el que será entregado en dos cuotas. El convenio también incorporará una serie de compromisos adicionales por parte del contratista.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.