Una segunda derrota tuvo ayer el Ministerio Público en la disputa que mantiene con la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Tribunal de Defensa de la Libre competencia (TDLC) por el acceso a los expedientes reservados del caso de colusión entre las papeleras CMPC, del grupo Matte, y la sueca SCA, ex PISA.
La tercera sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel denegó por unanimidad el recurso presentado por la entidad persecutora para acceder a dichos documentos, con lo que la investigación penal, a cargo del fiscal Cristián Galdámes, no tendría posibilidad de seguir avanzado, al menos en esta etapa.
El tribunal de alzada determinó que el Ministerio Público solo podrá acceder a las versiones públicas del material acumulado en la investigación de la FNE, confirmando casi en el mismo tono la decisión del Tribunal Constitucional, que en enero negó esta petición.
Tras un requerimiento por colusión presentado en octubre pasado por la FNE ante el TDLC en contra de CMPC y SCA, las firmas reconocieron haberse concertado para fijar los precios y repartirse el mercado del papel higiénico y otros productos de primera necesidad entre mediados de 2000 y diciembre de 2011.
El fiscal jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, Raúl Guzmán, señaló tras conocer el fallo que el organismo analizaría la sentencia para determinar los caminos a seguir. Anteriormente, sostuvo públicamente que sin los antecedentes mencionados era poco probable que la indagación penal tuviera destino.
La investigación de la FNE tiene unas 65 mil fojas, entre documentos comerciales, declaraciones de ejecutivos y empleados de las firmas involucradas y correos electrónicos.
“La sentencia reproduce prácticamente de manera literal el fallo del Tribunal Constitucional en el sentido de que los antecedentes sólo pueden entregarse a través de las versiones públicas”, explicó Guzmán.
El personero agregó que “esas versiones contienen tarjados todos aquellos antecedentes que son relevantes para la investigación, y no se hace la distinción respecto a aquellos que tienen relación con secretos y estrategias comerciales, que es lo que pretende proteger. Vamos a estudiar el fallo para determinar el curso de la investigación. No contar con estos antecedentes obstaculiza seriamente esta investigación”.
Pese a que la decisión de la Corte de Apelaciones, de acuerdo al Código Penal, es de última instancia, el diputado Daniel Farcas (PPD), uno de los parlamentarios que interpuso la querella que dio inicio a la investigación, señaló que analizarán recurrir de queja ante la Corte Suprema, para esto tienen cinco días hábiles contados desde la notificación del fallo.
“Claramente este es un revés. Con el diputado Silber presentamos esta querella intentando que se hiciese justicia. Estamos desilusionados, y vamos a evaluar el recurso de queja, porque nos parece necesario que aquí tengamos justicia”, dijo.
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