El titular de la Fiscalía Nacional Económica, Felipe Irarrázabal, reiteró su rechazo a que el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) entregue los antecedentes reservados del caso colusión de las papeleras al Ministerio Público, contienda que debe zanjar el Tribunal Constitucional (TC) dentro de las próximas semanas.
Irarrázabal precisó que el TDLC sí puede colaborar con la investigación penal "pero en la forma que establece el Decreto Ley 211" y mostró su confianza en la aplicación de dicha norma.
"Nosotros tenemos la tranquilidad de que el Tribunal Constitucional debiera confirmar la aplicación de esa ley. Pero habrá que esperar que efectivamente salga ese fallo", dijo ayer en el marco del lanzamiento de un libro de la Superintendencia de Medio Ambiente
La autoridad económica ya había expresado su rechazo a que se obligue al organismo de libre competencia a compartir los datos de su investigación con el Ministerio Público. "Sería un menoscabo (para la institucionalidad). Los secretos se van a ventilar sin el resguardo con que fueron entregados", dijo el pasado martes en los alegatos ante el TC.
Irarrázabal también manifestó su preocupación por los potenciales efectos en el mecanismo de delación compensada si el TC finalmente resuelve que los antecedentes reservados del caso se deben enviar al Ministerio Público.
"Si eso ocurre vamos a estar en serios problemas, no sólo la delación compensada si no todas las investigaciones que hace la FNE", sostuvo.
El Tribunal Constitucional citará a una nueva audiencia para escuchar a las partes, y se espera resuelva el tema en unos 40 días.