El Juzgado de Garantía de Rancagua acogió la querella interpuesta por el empresario rancaguino Hugo Silva dueño de empresas Silca ,en contra de los representantes legales de Caval Limitada, Mauricio Valero y Natalia Compagnon, por los delitos de engaño doloso (estafa) e inducción a la firma de un contrato.
Con esta decisión, la fiscalía puede comenzar a pedir diligencias, tomar declaraciones e indagar, además, la posible participación de funcionarios públicos en el proceso del negocio. Todo ello, sería bajo el secreto de las carpetas investigativas que decretó el fiscal jefe de la VI Región, Luis Toledo.
Esta querella pretende dejar sin efecto el contrato mediante el cual Silca le compró a Caval tres terrenos por $9.500 millones ubicados en la comuna de Machalí, en la Región de O'Higgins. Silva argumenta que compró dichos predios, para proyectos inmobiliarios, debido al cambio del plan regulador que iba a efectuar la municipalidad de Machalí, pero que a raíz de la polémica adquisición de los terrenos previamente adquiridos por Caval, el proyecto se encontraría paralizado. En tanto, ayer, el mismo Juzgado de Garantía, en el marco de la otra querella interpuesta por Renovación Nacional, pero apuntada hacia funcionarios públicos, solicitó individualizar a las personas querelladas y no como expresaba el texto, contra quienes resulten responsables. Así, solicitó que se mencionen a personas claramente identificadas.
Cuestión que la parte querellante hizo inmediatamente, aclarando que la acción penal se dirige en contra de Cintia Ross, Jorge Silva, Wilfredo Valdés y Sebastián Dávalos, por posibles delitos establecidos en el artículo 260 del Código Penal. Así, el Tribunal decidirá nuevamente si acoje o no la acción legal.