Hace muy pocos días fue promulgada la Ley que establece en Chile el derecho real de conservación.
En simple, explica el abogado Patricio Leyton, socio del estudio FerradaNehme, esta iniciativa permitirá a los privados establecer convenios para la conservación.
De esta forma se amplía el sistema actual, en que tradicionalmente todo intento de conservación privada en Chile requería de algún tipo de pronunciamiento por parte del Estado, como fue el caso de Pumalín, que es Santuario de la Naturaleza y para recibir esta categoría requirió la dictación de un decreto por parte del Ministerio de Educación (hoy esa facultad está en el Ministerio del Medio Ambiente).
“Esto es engorroso para los privados y puede terminar en un complejo proceso de negociación tal y como ocurrió en este caso. Entonces, los privados no tienen forma alguna de conservar oficialmente sin que el Estado intervenga y ahora con esta ley, quien quiera conservar sólo tendrá que firmar un acuerdo con otro privado o bien una persona jurídica para hacerlo”, explicó Leyton.
En la práctica, por ejemplo, personas que cuentan con patrimonio y terrenos que quisieran proteger, pero que no tienen a quien donar o bien quieren conservar la propiedad sin enajenarla, podrían “donar” este derecho real de conservación a una ONG y mantener la propiedad.
“Viceversa, estas ONGs podrán acercarse a los privados para solicitar la donación o bien, incluso comprarles el derecho a que no desarrollen su propiedad”, apuntó el profesional.
Otro factor que se destaca respecto de esta iniciativa es que permite afectar bienes raíces a conservación en materias de Estudio de Impacto Ambiental, facilitando la evaluación de proyectos, porque a modo de compensación o mitigación se podría ceder este derecho.
“Hasta la fecha no había mecanismos efectivos y eficientes disponibles. El derecho real de conservación asegura la protección del medio ambiente y facilita el procedimiento de los privados”, apuntó Leyton. 
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