Una nueva empresa de cobranza solicitó su quiebra. Ahora se trata de la firma Back Office S.A. (BOSA), que pidió a la justicia el inicio de un proceso de liquidación voluntaria. La empresa apuntó a un cambio normativo que se introdujo en la industria, y también a la crisis social y la pandemia.
Loa antecedentes los presentó Raimundo Id Rojas en representación de Asesorías e Inversiones T.R.T. Limitada, que administra la empresa BOSA. “Back Office S.A. llegó a facturar más de $ 200 millones mensuales previo a la crisis social del año 2019 y la crisis sanitaria”, destacó.
La Ley 21.230, que modificó la norma sobre protección de los derechos de los consumidores en materia de cobranza extrajudicial, restringió la operación, dijo la empresa.
Luego, señaló que, en abril de 2021 se promulgó la Ley 21.230, que modificó la normativa sobre protección de los derechos de los consumidores en materia de cobranza extrajudicial y otros derechos del consumidor.
Explicó que dicha ley restringe la posibilidad de contactos a los deudores, por lo que –sostuvo- “naturalmente” restringió la operación completa de Bosa. “Sumado al estado de catástrofe, las gestiones quedaron reducidas sólo dos llamados al mes y dos gestiones digitales (correos electrónicos y SMS) con dos días de separación”, dijo Id, quien añadió que, en junio de 2021, Bosa perdió a uno de sus principales clientes: Banco de Chile, empresa que -dijo-representaba el 25% de la facturación mensual.
“Lo anterior, significó el cese de funciones y las respectivas indemnizaciones a los colaboradores que trabajaban dicha cartera, aumentando el pasivo de la empresa, dejándola en un estado muy delicado”, sostuvo.
Luego, añadió: “Bajo ese escenario, Jorge Id, socio y único administrador de Bosa, incurrió en préstamos directos a la sociedad para mantener la operación”. En paralelo, dijo que la facturación de la compañía siguió disminuyendo hasta alcanzar volúmenes de $ 40 millones mensuales.
“De forma lamentable, el 4 de mayo de 2022, Jorge Id falleció producto de un Accidente Cerebro Vascular (ACV), con lo cual la estructura organizacional quedó acéfala. El día 12 de mayo de 2022, de manera unilateral, desde un mail de recursos humanos de la compañía se llama a cesar funciones, con lo cual los colaboradores dejaron de gestionar sus carteras y Bosa cesó funciones”, sostuvo Raimundo Id.
Todos estos motivos, señaló, generaron un deterioro sistemático en la posición financiera y operacional de Bosa a partir de mayo de 2022, por lo cual la empresa no pudo dar cumplimiento a sus obligaciones con acreedores. “No existieron flujos comerciales que lo permitieran. Adicionalmente, la paralización de la labor administrativa dejó en indefensión a los trabajadores, que no han podido ser finiquitados en este período”, dijo Id Rojas.
Otras quiebras
Esta es la segunda empresa de cobranza que pide su quiebra en las últimas semanas. Anteriormente fue la firma Servicios Integrales de Cobranza y Correspondencia SpA (SICC), considerada una de las mayores compañías del rubro en el país.
Inicialmente, la sociedad, cuyo representante legal es Carlos Cepeda, intentó –sin éxito- llevar a cabo una reorganización judicial para reestructurar sus pasivos, que superan los $ 4.650 millones.
“Actualmente, mi cliente se ve turbado por los cobros y llamados de sus acreedores pues arrastra una serie de deudas, junto a ello, la publicación de sus obligaciones morosas en los registros comerciales, en especial el Boletín Comercial y registros bancarios, lo que provoca un impedimento para prestar servicios, ya sea a antiguos clientes o captar nuevos”, dijo la compañía en su solicitud de quiebra presentada a la justicia.
La firma inició sus operaciones en 1994 y, según afirmó, logró posicionarse dentro de las cinco empresas de cobranza más importantes de Chile. “Su cartera de clientes estuvo conformada por grandes empresas a nivel país, lo que nos permitió en su momento un crecimiento”, sostuvo la sociedad, que también apuntó a los efectos de la crisis social y la pandemia.
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