Con el reloj marcando las 9 de la mañana, este jueves se dio comienzo al Seminario Económico 2026 organizado por Diario Financiero, en el edificio Tánica. La agenda partió con una exposición de cerca de 50 minutos del nuevo Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; y luego se dio paso a un panel moderado por el director del medio, José Tomás Santa Maria, en el que participaron figuras el el mundo empresarial y financiero como Susana Jiménez, Óscar Hasbún, Luis Felipe Irarrázabal y Renzo Vercelli.
La presidenta de la CPC –recientemente nombrada también directora del banco BCI– fue la primera en ser consultada por su opinión de las palabras emitidas por el ministro Quiroz, a lo que Jiménez respondió que “da gusto escuchar esta impronta de hacer cambio, de hacer cambios acelerados, de enfrentar el tema de este declive crecimiento económico”.
Entre los temas que el jefe de la cartera de Hacienda mencionó, Jiménez destacó el movido y “complejizado” escenario internacional que se vive –entre otras cosas– producto de la guerra en Medio Oriente. El alza de los combustibles y el gas, sumado a la contingencia en Estados Unidos, según Jiménez, impactarán en la política monetaria y fiscal de los principales socios comerciales de Chile.
“Y en ese contexto, la verdad es que estamos contentos de escuchar una agenda presidencial donde se está priorizando medidas importantes que redinamicen el crecimiento económico, que vuelvan a traer inversión, que nos devuelvan algún mayor grado de competitividad tributaria que hemos perdido progresivamente en los últimos 20 años”.
Impuestos, contribuciones y permisos
Ante la pregunta –hecha por José Tomás Santa María– sobre las diferentes propuestas de Gobierno que se han hecho en materia de reducción de impuestos, Jiménez recalcó que Chile hoy enfrenta una situación de baja competitividad tributaria, y que “nosotros en ese sentido teníamos varias propuestas (...) y, por lo tanto, vemos con buenos ojos esto”.
Ahora bien, precisó que las implicancias desde el punto de vista recaudatorio hay que verlas en el corto y largo plazo. “Evidentemente en un primer momento hay que tomar otras medidas que de alguna manera compensen la merma que se puede producir en entendido que en el tiempo esto genera un mayor crecimiento económico y con ello también una mayor recaudación. Pero no hay que quedarse solo en la tasa”.
Sobre los dichos de que “una reducción de impuestos solo beneficiaría a las empresas grandes”, explicó Jiménez, “se olvida de la cadena de valor que hay detrás de una empresa grande. Se olvida de que hay 100.000 pymes que hoy día no se acogen a condiciones especiales tributarias y por lo tanto, difícilmente uno podría decir que esto solo beneficia a un sector cuando esto genera una atracción de crecimiento económico”.
Al ser consultada por tema contribuciones, la presidenta de la CPC afirmó que “yo creo que nosotros teníamos la mejor propuesta en motores de la CPC”, y que hoy, especialmente en esta materia, el país necesita “predictibilidad” y “objetividad”.
La primera, precisó, significa “que no sean las autoridades las que van cambiando estas valorizaciones, que finalmente afectan directamente, sobre todo a los adultos mayores que no generan mayores ingresos y ven subir y subir sus contribuciones. Y, sobre el segundo concepto, “yo creo que se logra en un establecimiento metodológico distinto a las contribuciones, más basado en el precio mercado”.
Por último, al ser consultada por las tensiones que se viven en cuanto a permisos sectoriales, Jiménez afirmó que resulta necesario un replanteamiento sobre cómo acelerar la inversión en Chile, ruta que hoy –afirmó– “está llena de baches”. “Tenemos el lamentable récord de ser el país más engorroso para sacar adelante un proyecto de inversión en toda la OCDE”, afirmó.
Desde la CPC, continuó, ya han identificado que hay 82 permisos –adicionales a los 92 que señaló el gobierno anterior– que se podrían simplificar y podrían ser tratados con “técnicas habilitantes alternativas”.
En esta materia, afirmó que hoy miran con preocupación los largos procesos judiciales que detienen a proyectos. “Hay sectores, como la infraestructura, que el 40% de esa inversión está en algún proceso judicial”, estimó. “Nosotros hacemos un informe semestral (y en los Tribunales ambientales) han pasado de demorarse 450 días a 700. Después el 60% sube a la Corte Suprema. Ahí súmale otros 450 días más. Y eso que en el 80% de esos casos se ratifica lo que viene en la resolución de calificación ambiental”. Seguido, entonces, enfatizó en que las reformas al sistema son totalmente necesarias.
“Y ciertamente a mí me gusta la propuesta de que sea el Estado, no solo el que defiende la resolución administrativa, que hoy día lo hacen, pero que el titular pueda iniciar su proyecto de inversión en base a los permisos otorgados por el Estado. Y si están en ese 20% que se lo revierten (en la Justicia), sea el Estado el que se haga cargo de eso”, finalizó.
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