Cerca de 1.500 son los procesos de quiebras que quedaron pendientes de resolver, luego de que el 9 de octubre pasado entró en vigencia la nueva Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, reemplazando a la antigua Ley de Quiebras.Desde ese momento comenzaron a convivir los procesos concursales correspondientes tanto a la antigua como a la nueva legislación, donde los primeros representan cerca del 95% de los casos que se están tramitando.
En este contexto, Rodrigo Albornoz, quien se desempeñó como superintendente de Quiebras entre 2006 y 2010, planteó que existe una situación "compleja". Esto, debido a que "la Superintendencia de Insolvencia quedó sin facultades legales para fiscalizar y supervigilar lo que ocurra con los procesos de quiebras que quedaron pendientes", señaló.
Albornoz explicó que esto se generó porque en la discusión legislativa del proyecto se derogó la Ley 18.175 que le entregaba dichas facultades al organismo regulador sobre tales procesos. Lo anterior implicó que ahora no se pueda regular la labor de los síndicos, ni de los administradores de la continuidad de giro, ni de cualquier otra figura de la administración concursal de los procesos antiguos.
El también socio de Albornoz Abogados atribuyó esta situación a un "descuido legislativo (...) porque efectivamente había que derogar la ley, pero había que salvaguardar la continuidad de las facultades o atribuciones que tiene la Superintendencia para fiscalizar los procesos de quiebras, de convenio o decisión de bienes que se mantienen vigentes a la fecha y que vienen del sistema antiguo".
La solución
Según el ex titular de Quiebras, este escenario representa un gran riesgo. Las estadísticas dicen que los procesos concursales del sistema antiguo tienen una duración promedio de cinco años, por lo que estimó que si no se soluciona este problema, el vacío legal persistiría como constante hasta 2018-2019.
En ese contexto, "el mayor riesgo sería para los acreedores, ya que éstos tienen un grado de certeza y de apoyo cuando la Superintendencia participa junto al síndico en la junta de acreedores, así como también por las instrucciones generales que esta dicta en la materia".
Por ese motivo, aseveró que el Ministerio de Economía "tiene que plantear una modificación inmediata, muy breve, a través de un proyecto de ley, para recuperar la capacidad de fiscalización que debiese tener la Superintendencia de Insolvencia".
Detalló que esta es la única alternativa posible, ya que no se puede hacer por medio de la vía administrativa.
"a la suerte de los síndicos"
Así como los bancos son fiscalizados por la Superintendencia del área y las AFP por el respectivo regulador, los síndicos también deben estar supervigilados por un organismo especializado, dijo Rodrigo Albornoz.
Pero dada la derogación de las facultades, Albornoz advirtió que los síndicos no sólo no pueden ser supervigilados por la Superintendencia, sino que ahora tampoco están supeditados a las instrucciones, normas generales y particulares que la entidad había dictado en la materia.
Así, "hoy día quedamos a la suerte de la labor de determinado síndico para que se cierre el proceso concursal de forma rápida y efectiva", afirmó el ex superintendente de Quiebras.
Sin embargo, acotó que hay ciertos ámbitos "donde podría llegar el control judicial frente al vacío legal, pero esto hace al sistema absolutamente más engorroso, más caro, más lato e inaplicable".
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