Tal como se esperaba, los acreedores de Subus aprobaron ayer la propuesta de reorganización judicial que permitió esquivar la inminente quiebra de una de las operadoras más grandes del Transantiago. No obstante, no fue fácil y el suspenso duró hasta un par de horas antes que se realizara la reunión.
Es que dos bancos extranjeros habrían señalado muy temprano ayer que estaban en desacuerdo con lo planteado y que pensaban votar en contra, lo que finalmente quedó en nada tras una negociación que duró hasta las 10 de la mañana, permitiendo que el plan de pago recibiera el visto bueno en forma unánime en el 17° Juzgado Civil de Santiago.
En la instancia, uno de los abogados de la empresa colombiana, Luis Felipe Castañeda, presentó la nueva propuesta, donde además de consignar las cuotas de pago (ver recuadro) se incorporaron las recomendaciones que hizo el veedor Enrique Ortiz D’Amico, quien le dio el visto bueno al documento y fue también designado como interventor en el nuevo proceso.
Estas modificaciones apuntaron, entre otras cosas, a que los excedentes se repartieran entre los acreedores mediante un cálculo trimestral, que haya un plan de reducción de costos, y el aumento de pago del finiquito en caso de término de la concesión a $ 6 mil millones anuales.
Sin embargo, lo que más valoró el nuevo interventor de la compañía, tiene que ver con las atribuciones que se consideraron para la comisión de acreedores en cuanto a la prórroga de la concesión.
Respiro hasta noviembre
Si bien es cierto que con esto la colombiana y sus acreedores podrán estar más tranquilos, se trata de un respiro temporal.
Esto porque de acuerdo con el plan de pago, se tiene contemplado que el gobierno entregue su oferta final, en el marco de la revisión excepcional de contratos, a más tardar el 30 de noviembre.
“Si el resultado que emana de la revisión excepcional, que se va a llevar adelante por el Ministerio de Transporte, es insuficiente para mantener el funcionamiento de la compañía, los acreedores acordaron que esta compañía tiene que paralizar y procede a liquidar los bienes”, explicó Nelson Contador, abogado de Subus.
En ese contexto aclaró que “no se trata de poner plazos al ministerio”, sino de “cumplir con lo que establecen los contratos”.
“El contrato de concesión ya establece claramente que hay un plazo que está con creces sobrepasado, cuyo inicio fue en el mes de noviembre del año pasado. Y en consecuencia, resulta más que prudente a lo menos fijar una fecha de término de este proceso de negociación”, dijo.
De este modo, si el gobierno no presenta su oferta al término de dicho plazo, enfatizó Contador, “la comisión de acreedores va a poder determinar si concede o establece un plazo superior de negociación o bien opta por cerrar la compañía y por la liquidación ordenada de bienes”.
En ese sentido, lo mínimo esperable del reajuste de la revisión, según el abogado, “debiera estar sobre los $ 14 mil millones por el periodo completo, hasta que termine la concesión al menos”.
Además, el estado de protección concursal de la empresa se levanta con esto.
Una gran noticia
A través de un comunicado de prensa, Subus señaló que “recibe esta noticia con satisfacción y continuará desarrollando sus labores, con el fin de cumplir con los compromisos adquiridos con la Junta de Acreedores, en los términos, plazos y condiciones establecidas, además de reafirmar el compromiso de entregar el mejor servicio a los usuarios”.
Por su parte, el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM) destacó que esta “decisión demuestra que tanto para Subus como para sus acreedores existen las condiciones necesarias para cumplir de manera correcta y oportuna el contrato de concesión, y así entregar un servicio óptimo a los usuarios del Transporte Público”.
La Propuesta de pago de deuda
Acreedores con garantías hipotecarias y/o prendarias:
Amortizaciones programadas de seis cuotas anuales los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, de los años 2017, 2018, 2019 y 2020 (este último hasta julio). Se consideran también amortizaciones extraordinarias en la medida que exista excedente de caja.
Acreedores valistas:
Para proveedores con créditos inferiores a US$ 1 millón, se seguirá pagando en forma normal, respecto de la nueva facturación. Se realizará en tres cuotas, la primera por 20% de dichas deudas, y las dos siguientes por 40%, en los meses abril, mayo y junio de 2017. Estos acreedores no quedarán sujetos a amortizaciones ni pagos extraordinarios de ninguna naturaleza. A los sin garantías y proveedores con créditos superiores a US$ 1 millón y acreedores relacionados, se pagarán igual forma que a los acreedores con garantías hipotecarias y/o prendarias.
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