Equipo Diario Financiero
Con mucho sufrimiento vivieron los familiares y cercanos de Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno minuto a minuto la extensa jornada del segundo día de la audiencia de formalización de cargos de dichos ejecutivos. No era para menos. Hasta la 1 de la mañana se conoció la resolución de la magistrada María Verónica Orozco, quien resolvió que Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno quedaran bajo prisión preventiva por considerarse un peligro para la sociedad.
Ademas concedió 8 meses para que la fiscalía continúe la investigación.
“Yo tengo la convicción al día de hoy, con los antecedentes que se han expuesto que los imputados que se encuentran presentes en esta audiencia difícilmente en el evento de ser condenados cumplirán penas en libertad. Y eso es un antecedente que me hace mucha fuerza para afirmar que son un peligro para la seguridad de la sociedad y decretar su prisión preventiva”, declaró la magistrada.
Alcalde y Moreno fueron trasladados al centro penitenciario Santiago 1 y María Isabel Farah a San Joaquín.
En su relato, la jueza señaló que con los antecedentes aportados por la Fiscalía no era posible configurar el delito de lavado de activos.
Sí concluyó que se encontraban acreditados los delitos de uso de información privilegiada.
Otro antecedente clave que aportó es que a su juicio hay otroas personas que trabajaron en la compañía que participaron de los delitos, los cuales serán próximamente investigados. De hecho, a la salida de la audiencia, el fiscal José Morales indicó que iban a aportar más antecedentes y que en los próximos días se iba a citar a más personas que estarían eventualmente involucradas.
Con la infracción a la ley del Mercado de Valores y de Bancos, los ex ejecutivos de La Polar arriesgan penas de hasta 10 años. Por ahora, la jueza decretó ocho meses para la investigación de la causa. La defensa de los imputados había pedido seis meses, mientras que la fiscalía dos años.
La jueza indicó que “es indispensable tener en cuenta la multiplicidad de los delitos que se han cometido, que en lo concreto han sido imputados aquí al menos de cuatro hechos ilícitos en el caso del señor Alcalde, y tres hechos ilícitos respecto de la señora Farah”.
Otro antecedente que la jueza tuvo en consideración al momento de resolver fue la forma de comisión del delito, el carácter de reiterado y también la extensión del mal causado. “Con los antecedentes expuestos en la audiencia queda de manifiesto que esto era una conducta reiterada, masiva y de antigua data. En un principio se hacía de manera manual y posteriormente haciendo uso de un programa computacional creado al efecto”. Agregó que fueron materia de formalización los delitos cometidos entre el año 2006 y junio del presente año.
Daños a terceros
Según el relato de la jueza, “esta conducta afectó no sólo a inversionistas y acreedores, sino también a los clientes ya que quedó demostrado la situación de abuso y desprotección en la que estuvieron por años y la que planeaba y concretaba en atención a la calidad de clientes de la empresa, quienes como se ha señalado, corresponden a un sector de menores ingresos, con menor conocimiento y cultura y evidentemente expuestos al abuso”.
Agregó que sin perjuicio de quienes son querellantes en la causa en su calidad de clientes, que se trata de personas que tuvieron interés e intención de pagar sus deudas, pero los imputados, no les interesaba para nada que pagaran, sino sólo manejar a su arbitrio las repactaciones para seguir sustentando a una empresa que lejos de generar utilidades tenía cuantiosas pérdidas”.
Conducta delictiva
Según la jueza Orozco quedó de manifiesto que la conducta delictiva no son las repactaciones unilaterales, sin perjuicio de haber sido introducidas como cláusulas claramente abusivas en los contratos de los clientes sino el efecto y el uso que de ellas se hizo.
“No resulta creíble ni admisible y raya en lo ridículo que los imputados Farah y Alcalde desconocieran la existencia de la práctica, ya que los múltiples testimonios y antecedentes se refleja su completo conocimiento”.
Una de las declaraciones más fuertes por parte de la jueza fue respecto a la forma como operaban: “se trata de un grupo de personas que se encontraba perfectamente organizada con conocimientos técnicos y largos años de trabajo mancomunado”.
Agregó que la convicción que queda es “que se montó una verdadera máquina para defraudar al sistema, al mercado y que funcionó por largos años a la perfección, lo que evidentemente hizo que los imputados fueran consolidando su sensación de impunidad ya que la gente pobre, su mercado objetivo, ni se enteraba que estaba siendo utilizada en esta organización. Moreno echaba a correr el sistema en las noches de acuerdo a las necesidades de provisiones que le definía la señora Farah y luego éste incorporaba los datos falsos en los estados financieros”.
También lanzó fuertes dardos contra Alcalde: “en esa actitud demostraba de estar un poco sobre el bien y el mal. Pese a ser informado y muy bien informado no le tomaba importancia a estas abominables prácticas y salía al mercado a ofrecer y vender efectos de comercio contra la nada”.
Más responsables
La jueza dejó abierta la puerta a que hay más personas que participaban del grupo, de hecho, habló de más funcionarios involucrados. “Estimo también que dentro de esta organización o dentro de esta empresa debe haber una gran cantidad de otros funcionarios que están involucrados, porque no resulta admisible ni creíble que todas las infracciones que se han cometido, todos los ilícitos hayan estado simplemente a cargo o siendo cometidos por las tres personas que hoy se encuentran imputadas en esta audiencia”.
Asimismo, en un momento se refirió a una organización: “me parece que el actuar en conjunto y esta organización que se creó al interior de La Polar y que se daban la cobertura entre ellos para poder seguir maquinando todas las actividades que realizaban, es un antecedente que hay que tener en consideración, por eso digo también que no resulta admisible y entiendo que el Ministerio Público tiene programado que estas tres personas sean simplemente las que hayan participado en este delito y que lo hayan llevado adelante.
Finalmente, señaló que “tengo la convicción al día de hoy que con los antecedentes que se han expuesto que los imputados que se encuentran presentes en esta audiencia difícilmente en el evento de ser condenados cumplirán penas en libertad y eso es un antecedente que me hace mucha fuerza para considerarlos un peligro para la seguridad de la sociedad y decretar su prisión preventiva”.
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