Ya no está cansado de Chile: Controlador de la UNAB decide no desconsolidar su operación en el país
Todo gracias al fallo del Tribunal Constitucional sobre el lucro.
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Para el Grupo Laureate, las cosas en Chile están mejorando.
Tras el fallo del Tribunal Constitucional, que resolvió mantener la posibilidad que personas jurídicas con fines de lucro sean controladoras de instituciones de educación superior, el holding que agrupa en el país a cinco instituciones confirmó al mercado que dará pie atrás en su decisión de desconsolidar su operación en Chile de su balance, lo que anunció en febrero.
Por esos días, el holding al que pertenece la Universidad Andrés Bello, Universidad Viña del Mar, Universidad de Las Américas, Instituto Profesional AIEP y Escuela Moderna de Música dijo que estaban "cansados de Chile".
"El Tribunal Constitucional ha determinado que las instituciones con fines de lucro como Laureate seguirán teniendo permiso para controlar universidades en Chile. Con esta claridad proporcionada por la Corte, Laureate continuará con su compromiso con el éxito de nuestros estudiantes que servimos en este importante mercado. Además, mantendremos la consolidación contable de nuestras instituciones de red en Chile y, por lo tanto, estamos actualizando nuestra guía de todo el año 2018 para reflejar este evento favorable", dijo en conferencia telefónica con analistas el CEO del grupo, Eilif Serck-Hanssen.
Destacó que este escenario les permitirá seguir operando en el país con mayor certidumbre y continuar consolidando sus marcas. Se tr
En lo que respecta a sus finanzas, el CFO Jean-Jacques Charhon, preció los ahorros que supondrá el no ejecutar esta operación contable. "Dado el nuevo panorama en Chile, la guía anual respecto de ingresos y Ebitda ajustado se ha incrementado en aproximadamente US$ 400 millones y US$ 50 millones, respectivamente" resaltó a los analistas, ante sus constantes dudas respecto del futuro de la operación.
El máximo ejecutivo de la firma, abordó también el futuro del proyecto: "Ahora, le corresponde al Presidente firmar la nueva ley con el mandato del Tribunal Constitucional o enviar el proyecto al Congreso para un nuevo proceso, lo que no he escuchado sobre la agenda".