La Concesionaria del Aeropuerto de Arica -de propiedad del grupo Sacyr-Agunsa- acusó efectos en su negocio tras la pandemia, los que cuantificó en un "daño" por US$ 43 millones entre marzo de 2020 y abril de 2034. Dijo que planteó la situación al Ministerio de Obras Públicas, pero que no hubo respuesta.
Ahora, el privado recurrió al panel Técnico de Concesiones, organismo que emite las recomendaciones para dirimir diferencias entre las partes; solicitó “un aumento o extensión del plazo de explotación de la obra” o “una modificación del sistema tarifario del contrato de concesión mediante un pago directo”.
“El contrato se ha vuelto económicamente inviable, amenazando la continuidad del servicio público que se presta”, dijo el consorcio.
En su presentación, el privado sostuvo que su oferta económica superó por sólo $ 9 a la segunda mejora (del grupo Aport S.A.), lo cual -a su juicio- confirma que se trató de una propuesta acorde a mercado.
Además, planteó que, poco antes de iniciada la pandemia, el Estado describió un sistema aeroportuario creciente, basado en el comportamiento consistente de la demanda de pasajeros de los últimos años y las señales que la propia industria entregaba.
No obstante, sostuvo que las medidas sanitarias asociadas al control del Covid generaron “profundos efectos” en la industria aeroportuaria y de transporte aéreo.
“Si bien las restricciones a la movilidad de las personas que fueron impuestas por la autoridad sanitaria producto de la pandemia de Covid-19 ya fueron levantadas, sus efectos en los flujos de pasajeros y demás servicios del Aeropuerto Chacalluta han perdurado en el tiempo, continúan hasta la fecha y se mantendrán hasta el final de la concesión”, dijo el privado.
Los riesgos
A su juicio, los ingresos que se recauden durante toda la explotación de este contrato de concesión financiarán únicamente un 85% de la inversión requerida para la construcción, operación y conservación del aeropuerto, sin permitir, insistió la sociedad, recuperar la inversión realizada y, mucho menos, obtener retribución alguna.
El consorcio dijo que este escenario le ha forzado a tomar medidas económicas extraordinarias basadas, principalmente, en la reestructuración financiera de la concesión, mediante la suscripción de un nuevo contrato de financiamiento, y en aportes extraordinarios directos de los accionistas, que en su conjunto -aseguró- ascienden a casi 400 mil UF.
“No pretendemos sostener que la concesionaria no debe asumir los riesgos propios del contrato, entre los cuales destaca -por cierto- el riesgo de fluctuación de ingresos. Pero, sin duda, en la sociedad concesionaria recaen los riesgos que razonable o previsiblemente pueden ocurrir durante la explotación de la obra pública, que son aquellos que derivan de circunstancias ubicadas dentro de márgenes de normalidad”, sostuvo.
Así, por ejemplo, mencionó las fluctuaciones en el tráfico de pasajeros que puedan derivarse de variaciones en el PIB, de recesiones económicas, de alzas en las tarifas por aumento del precio del combustible, entre otras.
“Es evidente que la pandemia de Covid-19, las medidas adoptadas a nivel mundial para su control, y los cambios estructurales que ha generado en la industria aérea, constituyen un hecho completamente excepcional, anormal e imprevisible, que cambió de manera radical la vida cotidiana de las personas y las actividades sociales y económicas del país y del mundo”, señaló el privado, el cual aseguró que, “conforme a las regulaciones legales y contractuales aplicables, es procedente la revisión y modificación del régimen económico del contrato de concesión por parte del MOP, para reestablecer su equilibrio financiero”.
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J. Troncoso Ostornol
