La ofensiva lanzada por el ministro de Vivienda, Carlos Montes, agitó las aguas en la industria inmobiliaria y de la construcción. El martes, en dos oportunidades, el titular de la cartera refutó los cálculos de las empresas -publicados por DF el viernes pasado- que apunta a una deuda de US$ 1.000 millones en el marco de las obras asociadas al Plan de Emergencia Habitacional (PEH).
Montes subrayó que en realidad “la cifra es entre 1/9 y 1/10” de lo que sostiene la industria, y argumentó que la contabilización debe hacerse solo sobre los compromisos efectivamente vencidos.
Las declaraciones no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron respuestas en el sector. Desde Ingevec, una de las compañías más relevantes en proyectos de viviendas sociales, reconocieron que la gestión del ministro Carlos Montes ha tenido un impacto positivo, lo que ha permitido que numerosas familias chilenas “cumplan el sueño de la casa propia mientras se reactiva la economía local a través de proyectos constructivos en diversas regiones del país”.
Sin embargo, la empresa advirtió que actualmente se ha producido un cambio en la forma en que el Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu) ejecuta los pagos a inmobiliarias y constructoras, debido al déficit financiero que enfrenta el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). En esa línea, agregaron que “los montos dados a conocer recientemente resultan coherentes con las cifras que nosotros manejamos”.
“Los montos dados a conocer recientemente resultan coherentes con las cifras que nosotros manejamos”, señalaron desde Ingevec.
Por su parte, desde Nash Inmobiliaria -firma con trayectoria en el desarrollo de viviendas sociales en conjunto con el Minvu- señalaron que los dichos del ministro no coinciden con la situación real que enfrentan las empresas, marcada por la ausencia de pagos.
La compañía fue más allá y sostuvo que el tema podría zanjarse de manera sencilla si la cartera transparenta “las cifras aprobadas para el presupuesto a principio de ejercicio y lo efectivamente gastado”.
“Se debe explicar cómo se han gastado las partidas del presupuesto, que fueron asignadas por la Ley de presupuestos del año pasado. El tema de las deudas y su contabilización es tan simple como entregar las cifras y los montos impagos a la fecha por cada Serviu y la aplicación del presupuesto”, recalcó la empresa.
Sin referirse a la cifra global, desde Icafal -otra compañía con fuerte presencia en proyectos de vivienda social- confirmaron que existe un retraso en los pagos por parte del Minvu, lo que ha derivado en millonarias deudas para la compañía.
Hubo otros ejecutivos del rubro que conversaron con este medio, pero prefirieron mantener en reserva su identidad. Estos volvieron a reafirmar que el Minvu no les está pagando por algunos proyectos de viviendas sociales, lo que ha generado importantes deudas. Además, insistieron en que las estimaciones de la industria indican que los pasivos del Ministerio escalan a muy por encima de lo señalado por Montes.
El origen del problema
De acuerdo con Ingevec, las deudas se han generado principalmente en tres frentes. En el caso del DS49, por la imposibilidad de facturar avances de obras ya ejecutadas y anticipos de obras en curso; en el DS19 por el no pago de créditos de enlace comprometidos; y en el DS52, por la falta de cumplimiento en las promesas de compraventa de propiedades.
A esto se suma, según la firma, que en algunos casos ni siquiera se está permitiendo facturar a las empresas, “impidiendo el acceso a otras fuentes de financiamiento”.
"Lo anterior, hace urgente buscar una solución inmediata a esa problemática, para impedir que provoque, de cara a fin de este año y principios del próximo, nuevas dificultades como paralización de obras y la imposibilidad de iniciar proyectos que van en directo beneficio a familias que esperan una solución habitacional", recalcó Ingevec.
En tanto, Nash Inmobiliaria explicó que, en el pasado, tras concluir el proceso de estados de pago y cobros, el Serviu autorizaba a las empresas a emitir la factura, lo que permitía programar su pago. Sin embargo, advirtieron que ahora se ha producido una demora en ese paso administrativo, lo que ha retrasado aún más los plazos.
A esta ralentización, añadió la compañía, se suma la utilización del mecanismo de confirming con BancoEstado, que permite a las empresas anticipar el pago de facturas, pero con un costo: una tasa de interés de 0,5% por cada cuota, que debe ser asumida por las inmobiliarias y constructoras.
Con este método, plantearon, se está “cobrando a las empresas el costo financiero, por la falta de pago de Serviu, lo que obviamente debiese ser asumido por ellos”.
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