Este martes, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, pasó a la ofensiva y salió a refutar los cálculos de la industria -publicados por DF este viernes- que acusan una deuda de US$ 1.000 millones en el marco de las obras ligadas al Plan de Emergencia Habitacional (PEH).
Primero, en el Congreso, Montes sostuvo que este número “es una distorsión de otras cifras que se transforman en eso” y que, según los análisis de la cartera, “la cifra es entre 1/9 y 1/10 de lo que ellos plantean”.
Posteriormente, en un punto de prensa desarrollado en un proyecto habitacional ubicado en la calle Balmaceda, desmintió directamente a la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales (ADVS), que asegura que hay un déficit de $ 312 mil millones solo en el Serviu Metropolitano, y dijo que esa cifra “no es efectiva” y que, además, “depende de qué entiendan por eso”.
Así, argumentó que para medir la deuda se deben contabilizar los compromisos vencidos. “Si en el primer año hubo tal cantidad de transferencias de recursos, los otros años hay que ir pagando el diferencial, de acuerdo al avance en la construcción que se tenga. Así opera la construcción. Entonces, considerar deuda a eso, cuando es parte del proceso regular de financiamiento de la vivienda, genera distorsión”, sostuvo.
A continuación, si bien admitió que “hay algunos atrasos”, dijo que están trabajando en acortar esos plazos y prometió: “Nosotros podemos garantizar que las viviendas que están en construcción hoy, que están comprometidas con los pagos, se van a pagar. Y se van a pagar con el presupuesto de este año las que correspondan a este año. Porque nosotros hoy estamos pagando buena parte de las obras urbanas del gobierno del Presidente Piñera por el terremoto del 27F. Porque así es el proceso presupuestario, va trasladándose en los años de acuerdo a cómo se van ejecutando las obras”.
Respecto a las acusaciones acerca de que se estaría retrasando la facturación a proveedores para postergar pagos para el próximo año, impulsadas por la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, Montes dijo que “si ella tiene un dato donde se ha hecho eso y se ha forzado a que se atrase la factura, tiene que denunciarlo. La verdad es que eso no es parte de la política del Ministerio. A veces ocurre. En algunas zonas se hacen cosas de ese tipo, pero no hay ninguna instrucción de ninguna naturaleza”.
Declaraciones de la CChC
En esa misma actividad, también participó el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, gremio que este lunes emitió una declaración señalando que había empresas "con serias consecuencias para su operación y para el avance de las obras”.
Ante la pregunta de si estaba de acuerdo con las definiciones de deuda planteadas por Montes, el dirigente sostuvo que como gremio no cuentan con el catastro detallado. Explicó que hay cerca de un 70% de constructoras en Chile que se dedican a la construcción de viviendas, por lo que no pueden entregar antecedentes representativos de toda la industria.
“Sí tenemos antecedentes de que hay deudas en el caso de los contratos en ejecución y desde el primer momento tomamos contacto con el ministro, hemos actuado permanentemente y nos ha solucionado varios casos que le hemos presentado (...) Tenemos el compromiso del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, de poder solucionar eso en un breve plazo”, sostuvo.
Continuó señalando que los atrasos se concentran en la Región Metropolitana y en el Maule, pero que en el resto del país esto estaba muy al día. En cuanto a los US$ 1.000 millones de deuda, planteó que entendían que esa cifra “ha incorporado algunos otros antecedentes como futuros anticipos que se están esperando por nuevos contratos y algunas compras de terrenos y otras cosas, pero no tenemos los antecedentes”.
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