Malestar causó en los gremios del comercio el avance que está teniendo en el Congreso el proyecto que establece un cierre anticipado.
El lunes, la comisión de Trabajo del Senado despachó a Sala la iniciativa, y si bien en un inicio la propuesta apuntaba a establecer por ley el cierre de estos establecimientos a las 19:00 horas, este horario fue modificado, ya que la presidenta de la comisión, Carolina Goic, presentó una indicación para que el cierre del comercio sea a las 20 horas.
Al respecto, Ricardo Mewes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, criticó que no se debe legislar “centralizadamente” y sin mirar las distintas zonas y sus complejidades.
“Al restringir por ley el horario de cierre del comercio establecido se está desatendiendo las distintas realidades geográficas de nuestro país, las diferencias de hábitos de compra entre verano e invierno, los formatos de comercio a nivel nacional, perjudicando a aquellas personas que actualmente tienen la oportunidad de trabajar en distintas jornadas de acuerdo a sus necesidades personales y familiares”, señaló.
Agregó que dicha iniciativa impactará en las remuneraciones y en el empleo, y que ciertos comercios se verán obligados a reducir su dotación y turnos de trabajo. “Así lo refleja una encuesta realizada por la CNC a actores del sector comercio, donde un 44% respondió que de aprobarse la ley significaría en una reducción de su personal, dada la adaptación de los sistemas de turno al nuevo horario”, indicó.
Por último dijo que estiman que el cierre a las 20 horas produciría una desvinculación de un 6,3% de los trabajadores de jornada completa y la desvinculación de un 8,7% de los trabajadores de jornada parcial.
Similar análisis realizó Katia Trusich, presidenta de la Cámara de Centros Comerciales: “Restringir el horario del comercio afectará significativamente el empleo, dificultará la reactivación económica y fomentará el comercio ilícito”.
Desde la Cámara de Comercio de Santiago comentaron que, “ante una decisión tan relevante, prime el conocimiento de los intereses de todos los actores involucrados para evitar una imposición con un criterio único que, por la vía legal apresurada, termine generando más impactos que beneficios”.
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