Alto Maipo: atrasos en construcción ponen en riesgo acuerdo clave con Aguas Andinas
Esta semana se espera que AES Gener, AMSA y los bancos lleguen a un acuerdo respecto del futuro del proyecto hidroeléctrico, que usa derechos de la sanitaria.
Por: J. Esturillo y H. Vargas
Publicado: Jueves 19 de enero de 2017 a las 04:00 hrs.
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En marzo de 2012 y en el prospecto con el que AES Gener salió en búsqueda de un socio para el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, donde finalmente fichó a Antofagasta Minerals (AMSA), se proyectaba que en enero de este año, Las Lajas, la primera de las unidades de este complejo de 531 MW de capacidad iniciaría su operación comercial.
Nada más alejado de la realidad actual de la iniciativa que, con un retraso importante en la construcción y con un presupuesto excedido respecto del financiamiento disponible, tiene por estos días a sus accionistas discutiendo alternativas para sacarlo adelante, en un proceso que tras sucesivas reuniones podría culminar esta semana.
Justo hace un año quedó al descubierto que en esta iniciativa las cosas no iban bien, lo que incluso llevó a la matriz de la eléctrica a intervenir el proyecto, respondiendo también a la preocupación que el brazo minero del grupo Luksic habría manifestado respecto de la forma en que se estaba ejecutando, que ya sumaba varias contingencias derivadas condiciones geológicas muy distintas a las que habían prospectado.
La presión pasa por determinar cuánto se encareció el proyecto y al mismo tiempo encontrar una forma de allegar esos recursos, considerando que AMSA no quiere inyectar más capital y que incluso en esta negociación planteó una fórmula más compleja, que ha trabajado en las últimas semanas junto a los bancos y le permitirá concentrarse en su negocio principal.
Ahora, trascendió que RQ, la firma que realiza la inspección técnica de las obras, ya habría estimado en más de 50% el sobrecosto, respecto de los US$ 2.053 millones fijados inicialmente, superior al 20% que la empresa informó en agosto.
Factor Aguas Andinas
En todo esto el sindicato de organismos multilaterales y bancos (OPIC, IFC, Corpbanca, Banco de Crédito e Inversiones, Banco Itaú Chile, Banco del Estado de Chile, KfW Ipex-Bank GmbH y DNB Bank ASA), que entregó el financiamiento del proyecto tiene mucho que decir en esta fase y su rol se ha vuelto clave, siempre y cuando las cosas permanezcan estables.
En este sentido, estimaciones como las que manejan cercanos al proyecto, en torno a que la primera unidad del complejo recién entraría en operación durante el primer trimestre de 2020, lo que implica un año más tarde que la última proyección de AES Gener, influirían negativamente en las decisiones de estas entidades.
El retraso adicional se explica en parte por los efectos de una huelga que en noviembre y diciembre paralizó las obras, provocando daños importantes en los túneles, que no tuvieron mantención en ese período, con lo cual recién hacia febrero o marzo las obras efectivas podrían avanzar nuevamente.
Sin embargo, el plazo en sí mismo no sería la amenaza, sino que según se establece en el mismo prospecto de marzo de 2012, uno de los acuerdos para el uso de derechos de agua en la zona del Cajón del Maipo que viabilizaron el proyecto, está condicionado a la fecha de inicio de operación del complejo.
Se trata del convenio con Aguas Andinas, que ha tenido una larga historia de encuentros y desencuentros con la eléctrica. Éste establece que si la planta no está en operación en 2019, el pacto que permite a Alto Maipo usar los recursos hídricos de la sanitaria podría ser cancelado.
Situaciones como ésta o, por ejemplo, que la minera optara por revisar o alterar el contrato eléctrico que firmó para abastecer a Los Pelambres, una de sus operaciones, y que sirvió de base para sustentar el crédito project finance, afectarían la decisión de los bancos.
En octubre, AMSA indicó en su reporte de producción que Los Pelambres “está revisando su opciones con respecto al proyecto y el impacto potencial sobre el valor en libros de esta inversión”.
Trascendió que los bancos tendrían poder de veto individual en este proceso, lo que implicaría que cualquier fórmula a la que se llegue tendría que contar con la aprobación de todas las entidades involucradas.
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