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¿Eres cliente nuevo?
REGÍSTRATE AQUÍSe contemplaría crear una forma de remunerar este atributo a través del pago por potencia.
Por: Karen Peña
Publicado: Jueves 21 de noviembre de 2019 a las 04:00 hrs.
A casi tres meses de que el gobierno convocara una comisión asesora para que presentara propuestas en torno a la flexibilidad del sistema eléctrico, luego de que se decidiera pensar en una estrategia para fomentar este atributo más allá de un proyecto de ley, la instancia culminó su trabajo.
La semana pasada la comisión entregó un documento definitivo a las autoridades, el que incluso ya se estarían socializando con los gremios. El escrito contiene medidas de corto y largo plazo donde la mayor parte de ellas son ajustes reglamentarios, aunque se contemplarían iniciativas que requieren cambios legales.
Fuentes de la industria comentan que el tema que implicó mayor discusión en la instancia fue a la hora de analizar cómo remunerar las funciones de flexibilidad que serán muy necesarias en el futuro.
En esa línea, los expertos aprobaron la idea de crear una nueva forma de remunerar esa flexibilidad a través de pago por potencia. Esto es, darle una remuneración específica a aquellos servicios que presenten lo que se le denomina servicio de rampa, es decir, que en un período de tiempo acotado puedan incrementar dramáticamente la generación. Esta propuesta, dicen conocedores, implicaría probablemente un cambio legal.
En otro frente, el Ministerio de Energía, así como parlamentarios presentaron el lunes indicaciones a la ley corta de distribución.
Dos de los cambios sorprendieron a la industria. Primero, la idea de los senadores Yasna Provoste y Álvaro Elizalde de bajar la tasa para el costo por potencia (precio nudo) incluido en las tarifas desde 10% a 6%; y fijar las tarifas que fue sugerido por el gobierno.
Los expertos difieren en los impactos del ajuste de los senadores. Mientras algunos dicen que impactaría en las cuentas de luz, otros creen que éste no tiene efecto en los clientes regulados.
Jaime Winter, el defensor de Pedro Pablo Larraín, aseguró que la anulación de la primera revocación de existencia de la AGF demostraría que “no se puede atribuir cualquier tipo de perjuicio que se haya generado a los aportantes al actuar de Sartor, sino que directamente al actuar de la CMF".
La ANEF cuestionó que la instancia anunciada por el ministro de Hacienda no considere a los trabajadores públicos y emplazó al ministro del Trabajo, Tomás Rau, y al director del Servicio Civil, Pedro Lea-Plaza, a aclarar su posición.
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