Dando pasos determinados respecto del plan de descarbonización de la matriz energética anunciado por el Presidente Sebastián Piñera esta semana, Engie Energía Chile concretó hoy la desconexión de las unidades N°12 y N°13 ubicadas en Tocopilla, las cuales tienen una capacidad total de 170 MW.
Se trata de la primera parte del compromiso vinculante que la compañía firmó con el Ministerio de Energía, acuerdo que también incluye el retiro de las unidades N°14 y N°15 (268 MW en total) del complejo Tocopilla, a contar del 01 de enero de 2022, según se cumplan las condiciones acordadas con la autoridad.
Axel Levêque, gerente general de EECL comentó: "Hoy se concreta el retiro de las Unidades 12 y 13 del Complejo Tocopilla y reafirmamos que en Engie estamos fuertemente comprometidos con la transición energética de Chile. Estamos convencidos de que este proceso debe tomarse como una transformación y no como un quiebre, considerando que hoy el 40% de la matriz depende de carbón y eso requiere de un proceso responsable. Ya comenzamos un camino de transformación y que hoy de forma concreta manifestamos con acciones".
Respecto de la situación a nivel local, la compañía confirmó que los 33 trabajadores directos que operan en las unidades 12 y 13 de Tocopilla ya se encuentran reubicados, y que para el futuro cierre de las unidades N°14 y N°15 al año 2022 se está creando un plan de trabajo para desarrollar capacitaciones, reconversión y plan de retiro voluntario, entre otras acciones.
"Hemos destinado buena parte de nuestros esfuerzos en hacer estos cierres de forma responsable y en coordinación con autoridades locales, clientes y sindicatos, entendiendo específicamente la importancia que tiene el desarrollo de un plan de para nuestros trabajadores y su empleabilidad", precisó Axel Levêque.
Cabe señalar que este hito forma parte del "Acuerdo de Retiro de Centrales Termoeléctricas a Carbón", que además de considerar el compromiso vinculante antes de descrito también establece un período a partir del año 2026, en que EECL se compromete a integrar cada cinco años mesas de trabajo con la autoridad, en el que se analizarán una serie de factores para definir en forma precisa calendarios posibles de retiro o cierre de unidades generadoras a carbón en los años posteriores.
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