DOLAR
$960,60
UF
$41.008,10
S&P 500
7.704,47
FTSE 100
10.680,40
SP IPSA
11.315,26
Bovespa
184.956,73
Dólar US
$960,60
Euro
$1.092,60
Real Bras.
$185,15
Peso Arg.
$0,63
Yuan
$143,10
Petr. Brent
104,68 US$/b
Petr. WTI
93,77 US$/b
Cobre
6,79 US$/lb
Oro
4.309,70 US$/oz
UF Hoy
$41.008,10
UTM
$71.721,00
¿Eres cliente nuevo?
REGÍSTRATE AQUÍPor: Equipo DF
Publicado: Lunes 16 de diciembre de 2019 a las 04:00 hrs.
El Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) lanzó un servicio de mediación temprana de conflictos para aquellas Pymes que, tras el 18 de octubre, enfrenten incumplimientos contractuales derivados de la contingencia nacional.
El objetivo de el CAM es poder ayudar de manera concreta a las Pymes a resolver los conflictos que se susciten frente a posibles incumplimientos contractuales, dado el escenario actual, y el cambio de las circunstancias que se consideraron para acordar las cláusulas de contratos celebrados antes del 18 de octubre.
Aproximadamente el 72% de los socios de la CCS corresponden a medianas y pequeñas empresas, las cuales comprenden distintos rubros, pudiendo todas ellas acceder al beneficio. Las industrias que se podrían ver más afectadas serían las relacionadas al comercio, distribución y abastecimiento, en atención a una economía que andará más lenta.
La AFC advirtió que el cambio reducirá los recursos que gestionará y, con ello, sus ingresos. María Paz Hidalgo explicó que, ante modificaciones legales anteriores, estas compensaciones se han pagado con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.
Operación podría superar los US$ 43 millones y daría fin a las disputas entre quien funge como dueño del complejo y su banco financista. Quien se quede con el paño podría levantar al menos tres edificios para vivienda, oficina y comercio.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.