Aunque los recursos destinados a
inversión pública han aumentado sostenidamente durante las últimas dos décadas,
el Estado cada vez ejecuta una menor proporción de los presupuestos que aprueba al inicio de cada año.
Esa es una de las principales conclusiones del nuevo Informe de Ejecución Presupuestaria de Inversiones 2006-2025, elaborado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), que advierte un deterioro persistente en la capacidad del Estado para materializar los recursos comprometidos.
El estudio muestra que entre 2006 y 2019 el Gobierno Central ejecutó, en promedio, el 96% del presupuesto inicial destinado a inversión. Sin embargo, desde 2020 esa cifra cayó a 82,6%, elevando la brecha entre lo presupuestado y lo efectivamente ejecutado desde un 4% hasta un 17,4%.
Al mismo tiempo, los presupuestos de inversión crecieron más rápido que la propia economía. Mientras el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó 4,2 veces en las últimas dos décadas, los recursos asignados a inversión crecieron 5,6 veces. No obstante, la inversión efectivamente ejecutada solo aumentó 4,9 veces.
Bajo la mirada del director ejecutivo de CPI, Carlos Cruz esto “es una señal preocupante”.
Dónde estan las brechas
Las diferencias también se observan entre las principales carteras ejecutoras de inversión. En el MOP, el principal problema es la ejecución. Cerca del 82% de su presupuesto de inversión corresponde a obras de infraestructura y, desde 2020, el ministerio ha registrado sistemáticamente niveles de ejecución inferiores al 90% del presupuesto inicial, con un mínimo de 76,5% en 2023.
En el Minvu, en cambio, la ejecución ha sido más estable porque la mayor parte de la inversión se canaliza mediante transferencias de capital, principalmente subsidios habitacionales, que representan cerca del 78% del total. No obstante, el informe advierte un cambio en la composición del gasto: la inversión destinada a infraestructura urbana cayó desde un promedio histórico de 20,2% del presupuesto de inversión del ministerio a cerca de 12% entre 2023 y 2025.
Otro ministerio que salta a la vista es el de Educación. Según el informe, el presupuesto destinado a infraestructura educacional perdió relevancia durante las últimas dos décadas: pasó de representar el 0,3% del PIB en 2006 a apenas el 0,1% en 2025. El CPI advierte que, además de la baja prioridad presupuestaria, la ejecución también ha sido persistentemente baja, con un promedio cercano al 82% del presupuesto inicial.
El diagnóstico
Más allá de las cifras, Cruz sostiene que el informe deja abiertas dos hipótesis para explicar el deterioro observado. La primera apunta a que algunas instituciones no han desarrollado la capacidad suficiente para ejecutar presupuestos de inversión cada vez mayores. La segunda, que calificó como una “idea para debatir”, es que el presupuesto de inversión termine utilizándose como una variable de ajuste cuando el Gobierno enfrenta mayores presiones sobre el gasto fiscal.
“El presupuesto tiene tres grandes componentes: gasto corriente, transferencias sociales e inversión. Los dos primeros son mucho más difíciles de reducir. Entonces, cuando hay que hacer ajustes, una posibilidad es que se termine reduciendo el presupuesto de inversión”, explicó.
A juicio del director ejecutivo del CPI, esa incertidumbre dificulta la planificación tanto de los organismos públicos como de las empresas que desarrollan infraestructura para el Estado, ya que desconocen con qué recursos contarán finalmente los proyectos.
Por ello, el Consejo propone avanzar en dos reformas: establecer un plan nacional de inversión de largo plazo, aprobado por el Congreso, y crear una regla fiscal de inversión que garantice un nivel mínimo de recursos destinado a infraestructura. “Bastaría con proponernos invertir un 2,1% del PIB con recursos públicos y alrededor de un 1,4% o 1,5% con recursos privados, para alcanzar una inversión total cercana al 3,5% del PIB, que es lo que, a mi juicio, el país debería invertir”, señaló Cruz.
Inversión privada aún espera señales
Consultado por el comportamiento de la inversión privada durante los primeros meses del gobierno, Cruz sostuvo que, a su juicio, se instalaron expectativas muy altas respecto de la rapidez con que podrían implementarse las reformas, pero en la práctica esos cambios han resultado más complejos de concretar.
“Es muy difícil pedirle a los privados que inviertan cuando el propio gobierno entrante señaló que el país estaba en quiebra. Nadie quiere poner plata buena sobre plata mala”, afirmó.
El exministro añadió que esa percepción comenzó a instalarse incluso antes del cambio de mando y que revertirla requiere tiempo, por lo que muchas empresas continúan postergando decisiones de inversión a la espera de un escenario más claro. Respecto del destrabe de permisos, Cruz valoró los avances del Ejecutivo, pero advirtió que la aprobación ambiental es solo una etapa dentro del desarrollo de un proyecto.
“Se presenta como un éxito haber destrabado un número importante de proyectos en el Sistema de Evaluación Ambiental y creo que eso es muy positivo. Sin embargo, destrabar los proyectos no basta. Una vez que eso ocurre, todavía deben completar su ingeniería definitiva y planificar su proceso de ejecución, lo que también toma tiempo”, explicó.
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