Concepción fue nuevamente el punto de encuentro del principal evento empresarial del Biobío, que este año reunió a más de mil asistentes, entre autoridades, gremios y representantes del mundo privado.
El presidente del Instituto Regional de Administración de Empresas (Irade), Nelson Donoso, fue el encargado de dar el puntapié inicial de la versión número 37 del Encuentro Regional de Empresas (Erede).
En su discurso de unos diez minutos, el dirigente gremial abordó los desafíos económicos de la región, las medidas necesarias para impulsar la inversión y envió un mensaje a los aspirantes a La Moneda. Pero fue su tono crítico el que marcó la jornada, cuando advirtió sobre los niveles de inseguridad que afectan al Biobío, citando casos como el asesinato del trabajador forestal Manuel León Urra y el temor con que viven muchas familias en la zona.
“Me resisto a decir que hemos avanzado”, señaló Donoso, advirtiendo que la región “no puede crecer sobre terreno inestable”. “La seguridad no es un privilegio, es un derecho constitucional. Cuando la seguridad se debilita, también lo hace nuestra libertad”, enfatizó.
Ante la presentación de Donoso, el biministro de Energía y Economía, Álvaro García, detalló que no van a “dejar de trabajar intensamente en fortalecer el crecimiento y la seguridad del país y de nuestras regiones hasta el último día de nuestro Gobierno”.
“Los indicadores de robo y atentados han ido mejorando respecto a los últimos dos años. La situación era muy mala y ahora sigue siendo mala, pero al menos ha mejorado”. Iván Chamorro, vicepresidente del negocio Forestal y Celulosa Arauco
Delincuencia y seguridad
La preocupación del presidente de Irade fue compartida por ejecutivos y directivos de empresas con presencia en la región, como las forestales CMPC y Arauco -ligada a la familia Matte y al grupo Angelini respectivamente-, Rucalhue Energía y PacificBlu.
Según el gerente de Asuntos Corporativos de CMPC, Ignacio Lira, la Región del Biobío tiene un enorme potencial de crecimiento, pero indicó que la “inseguridad ha sido un lastre para el desarrollo de la zona”, restándole competitividad y frenando nuevas inversiones.
El gerente Legal de Rucalhue Energía, Diego Vio, coincidió con ese diagnóstico y recalcó que existe un consenso de que la seguridad es una condición base para atraer capitales.
Pese a ello, los ejecutivos reconocieron que hay avances respecto de años anteriores. El vicepresidente del negocio forestal y de celulosa de Arauco, Iván Chamorro, explicó que “los indicadores de robo y atentados han ido mejorando respecto a los últimos dos años. La situación era muy mala y ahora sigue siendo mala, pero al menos ha mejorado”, dijo.
Ese cambio responde a mayores inversiones en seguridad y a una mejor coordinación entre el Estado y el sector privado. Vio recordó que, tras un atentado sufrido por la central de Rucalhue hace un tiempo, la colaboración público-privada permitió reanudar operaciones en solo tres meses.
Aun así, los desafíos persisten. Los empresarios plantearon que es necesario seguir fortaleciendo el sistema judicial y endurecer las sanciones para los responsables de delitos.
“Necesitamos certeza jurídica, reglas de largo plazo y condiciones de seguridad para atraer inversiones y fortalecer las actividades existentes”. Macarena Cepeda, presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío
Incertidumbre jurídica
El debate no se centró solo en la violencia. El mundo empresarial también apuntó a la inseguridad jurídica como un obstáculo relevante para el desarrollo regional.
El presidente de Blumar, Rodrigo Sarquis, aseguró que el sector pesquero “está asfixiado por una serie de políticas públicas” que lo mantienen frenado, a lo que se suma la incertidumbre generada por las reformas impulsadas por el Gobierno. “Estos 25 años se ha llenado de proyectos donde priman algunas materias como el alza de impuestos. Cuando yo llegué a este sector había una mesa larga, éramos más de 20 empresas. Hoy somos cinco”, subrayó.
Por su parte, la presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda, acusó que el Ejecutivo promueve políticas que amenazan la viabilidad de las empresas, como la ley de fraccionamiento pesquero.
“Necesitamos certeza jurídica, reglas de largo plazo y condiciones de seguridad para atraer inversiones, fortalecer las actividades existentes y para desarrollar nuevas industrias complementarias”, planteó.
“Nos encantaría poder tener un plan de inversiones más contundente (...) Está ahí latente, pero hay que generar las condiciones para que eso pueda ocurrir”. Ignacio Lira, gerente de asuntos corporativos de CMPC
Proyectos en pausa
La falta de seguridad y certeza regulatoria –indicó el mundo privado- ha frenado la materialización de nuevas inversiones.
Por ejemplo, el ejecutivo de CMPC explicó que la compañía elabora cada año una cartera de inversiones para el Biobío. Sin embargo, reconoció que el potencial de la zona aún no logra desplegarse completamente. “Nos encantaría poder tener un plan de inversiones más contundente. Se habla de entre uno y dos millones de hectáreas potenciales a ser forestadas. Está ahí latente, pero hay que generar las condiciones para que eso pueda ocurrir”, señaló.
En la misma línea, Chamorro indicó que Arauco mantiene inversiones permanentes en la región, aunque señaló que los grandes proyectos se han ido postergando, en parte por la falta de fomento forestal.
Desde la industria pesquera, el gerente general de PacificBlu, Marcel Moenne, afirmó que la incertidumbre en torno a la nueva Ley de Pesca ha detenido sus decisiones.
“Queremos ver cómo se implementa. Mientras no se estabilice la situación jurídica, mientras no termine el acoso jurídico en el Parlamento, es muy difícil pensar en inversiones”, enfatizó Moenne.
Y ese caso no es aislado. Cepeda añadió que el sector pesquero industrial mantiene unos US$ 100 millones detenidos en la región debido a este factor.
A pesar del complejo escenario actual, y de cara a un nuevo Gobierno, el mundo privado mantiene proyecciones positivas. Sarquis destacó que es alentador escuchar en las candidaturas dos conceptos que habían estado ausentes: diálogo y crecimiento. “Por lo tanto, creo que vienen tiempos mejores para la región y el país”, señaló. En la misma línea, Chamorro valoró que todos los comandos presidenciales incluyan la seguridad y el desarrollo económico entre sus prioridades, enfatizando que “se está generando un consenso de que esa senda es importante retomar con mucha fuerza”.
“Estos 25 años se ha llenado de proyectos donde priman algunas materias como el alza de impuestos. Cuando yo llegué a este sector había una mesa larga. Hoy somos cinco”. Rodrigo Sarquis, presidente Blumar
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