Por L. Ruiz/R. García
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| Gary Banks, dirige la Comisión para la Productividad de Australia. |
Gary Banks preside desde su creación, en 1998, la Comisión para la Productividad de Australia. Aunque a simple vista puede parecer un think tank como miles en todo el mundo, cuenta con un modelo único que es estudiado e imitado por los principales expertos del sector.
“Es como si fuera un centro de estudios dentro del gobierno, pero que es independiente del gobierno”, explica Banks. Las autoridades le encargan estudios en diversas materias y utilizan sus recomendaciones para orientar sus políticas. “En otras palabras, el Ejecutivo nos dice lo que debemos hacer, pero no lo que debemos resolver”.
Una de estas asignaciones fue la revisión de las políticas de concesiones y reformas para los servicios básicos. Según Banks, los aportes realizados por la Comisión en esta materia se tradujeron en un aporte al crecimiento de 2,5% del PIB a través de menores costos y mayor productividad. “En diez años, el hogar promedio en Australia habría obtenido un beneficio de
US$ 7.500 gracias a las reformas”, estima Banks. Y las reformas económicas en términos más amplios habrían incrementado el PIB en 5%.
Base de apoyo amplia
La originalidad del modelo se basa en tres pilares: en primer lugar es completamente independiente. Tal como en el caso de algunos bancos centrales, su presidente no puede ser despedido a consecuencia de sus recomendaciones y su financiamiento está asegurado sin variaciones durante períodos de cinco años.
En segundo término, todo el fruto de su trabajo está destinado al sector público, nada puede ser vendido ni encargado por el sector privado.
Y por último, la orientación de su tarea debe estar guiada por el interés de la comunidad en general.
La ventaja de este sistema es que la comisión no sólo hace recomendaciones, sino que colabora con el gobierno en difundir entre la población los conocimientos técnicos sobre las materias investigadas. Esto permite generar una base de apoyo amplia en la opinión pública para respaldar las reformas legislativas, un factor que resulta clave en un país como Australia, donde los gobiernos cambian cada tres años y el costo sería altísimo si cada nueva administración que llegara al poder decidiera revisar las reformas.
Según Banks, aunque el gobierno tiene completa libertad para tomar o dejar las conclusiones de la Comisión, cerca del 70% de sus recomendaciones se han terminado implementando a lo largo de su existencia, y ninguna de ellas hasta la fecha ha sido luego revertida.
Apuesta a ganador
Un claro ejemplo de cómo se ha aplicado este esquema se puede ver en el actual debate sobre la regulación en la industria de las apuestas, que en Australia es una de las mayores del mundo. El estudio encargado a la Comisión concluyó que el costo que tiene la industria para la sociedad es cercano a los US$ 4.000 millones. Aunque los beneficios rondan los US$ 5.000 millones, cerca del 40% del público de los casinos son apostadores patológicos. “Ninguna industria puede ser sustentable si una proporción tan alta de sus usuarios está enferma”, dijo el experto.
Por eso la recomendación de la Comisión fue establecer un sistema que limite la cantidad que pueden apostar las personas.
“El gobierno puede tomar ahora estos datos y usarlos para reunir un mayor respaldo público para sus reformas frente al lobby de la industria”, concluyó.
Nueva Zelandia sigue la misma senda
Gary Banks considera que Australia y Nueva Zelandia son “como primos”, ya que ambos países son muy similares y a que los neozelandeses comenzaron recientemente a usar los reportes del organismo que dirige Banks para discusiones de políticas públicas. De hecho, en abril replicaron oficialmente el modelo australiano, creando la Comisión de Productividad de Nueva Zelandia, que opera de la misma forma, pero a menor escala. Mientras el organismo australiano tiene 200 trabajadores, el neozelandés sólo posee 20. Lo mismo ocurre con los comisionados; en Australia son 12 y en Nueva Zelandia 3. Lo que también se traduce en la cantidad de investigaciones que llevan a cabo, que en el caso de la Comisión original son once hoy en día, contra los dos con las que partió la “franquicia”, sobre acceso a la vivienda e infraestructura de caminos de transporte.
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