Un trabajo que ha permitido ahorros en los últimos tres años por US$ 250 millones es el que está liderando Codelco a través de un programa que busca mejorar la transparencia en la contratación de bienes y servicios de todas sus divisiones.
Esto, con el telón de fondo de las diferencias con la Contraloría, a raíz de las atribuciones fiscalizadoras del organismo encabezado por Jorge Bermúdez respecto de la estatal.
En 2016 el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE) –liderado por Blas Tomic- realizó observaciones relacionadas a posibles mejoras en el proceso de contratos, especialmente asociadas a las diferencias de procesos conducidos por la Vicepresidencia de Proyectos y Abastecimiento, buscando uniformidad en los criterios. Frente a esto, la estatal realizó un diagnóstico interno y reclutó a la firma consultora internacional Mc Kinsey para que hiciera el mismo ejercicio, el que dio cuenta de brechas principalmente en cuanto a procesos y controles.
Fue así que con esos insumos bajo el brazo, se impulsó un plan llamado Proyecto de Transformación de Abastecimiento 2020, el que además de hacerse cargo de las observaciones del CACE, pretende elevar sustancialmente la calidad de los procesos.
La iniciativa cubre ocho áreas de mejoras. Una de ellas es la centralización de proveedores, lo que antes era desarrollado por cada división de Codelco, lo que provocaba sesgos propios de cada operación. A partir de junio del año pasado se renovó el servicio de administración de la base de proveedores, siendo adjudicado a la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y se diseñó un sistema de selección único que provee información a todas las divisiones para la ejecución de la preselección.
Esto no busca limitar los negocios a proveedores que estén en ese gremio, sino que permite que los interesados se inscriban en la Cámara para saber en definitiva con quién se está relacionando Codelco.
Desde la estatal comentan que incluso han tenido conversaciones con otras compañías mineras para invitarlas a usar el registro.
En esa línea, como parte de la estandarización de procesos, Codelco estableció en su Proceso Único de Contratación dos etapas obligatorias orientadas al análisis de riesgo y para solicitar información de condiciones especiales. En este último caso, se apunta a personas expuestas políticamente (PEP), personas expuestas a Codelco (PEC) y personas relacionadas (PER).
Otro aspecto es el rediseño de todo el proceso de administración de contrato donde se está incorporando tecnología de manera que los controles y la medición estén sobre el sistema y no en el papel, teniendo actualmente alrededor de 500 contratos en ese mecanismo.
El gerente de Abastecimiento, Ricardo Reyes, precisa que el programa comenzó en 2016, pero sigue en marcha hasta 2020, ya que varía el tiempo en que es posible ejecutar las transformaciones en las ocho dimensiones donde se pone la lupa.
Sin embargo, las metas fijadas tienen avances anuales con porcentajes de diseño y avance, los que –según asegura Reyes- no han sufrido atrasos. Según sus cálculos, el avance general del proyecto está por sobre el 80%.
El ejecutivo detalla que centralizando la gestión de proveedores y contratos principales se han logrado ahorros de US$ 250 millones. “En términos de ahorro absoluto sostenible, nuestra meta es llegar a US$ 350 millones al año 2020”, dijo.
En medio de la pugna en tribunales que mantiene la estatal con Contraloría desde 2017, Reyes sostiene que el programa que impulsó la estatal viene de una inquietud del directorio y de la administración, asegurando que no tienen que ver con una respuesta al conflicto. “Esta es una preocupación de la administración y del directorio a través de su comité de auditoría”, recalca.
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