Las mayores compañías mineras que operan en Chile, agrupadas en el Consejo Minero -que cuenta entre sus filas con nombres como BHP, Anglo American, Codelco, Glencore y Freeport McMoRan-, salieron a marcar posición ante el cambio al impuesto al diésel propuesto por el Gobierno para enfrentar el alza de los combustibles, advirtiendo un impacto desproporcionado para la industria.
A través de una declaración pública, titulada incluso como “Posición del Consejo Minero frente al proyecto de ley sobre precios de los combustibles”, el presidente del gremio, Joaquín Villarino, afirmó que la iniciativa “desvirtúa” el diseño del impuesto al diésel y que “no es equitativo alterar un impuesto para gravar selectivamente a sectores estratégicos, afectando su competitividad”.
Es que para contener la subida de las bencinas producto de la guerra en Irán, el Ejecutivo busca “suspender transitoriamente el régimen de crédito diferenciado entre empresas transportistas y no transportistas”, aplicando para todas el esquema vigente para los transportistas.
Así, en la mediana y gran minería, donde figuran las mayores empresas no transportistas consumidoras de diésel, las firmas pasarían de recuperar el 100% del impuesto específico al diésel a solo el 31% bajo el nuevo régimen.
Visto de otra forma, como plantea Villarino, se aplicaría “un pago del 69% sobre la tasa de UTM 1,5”, con lo que “la industria aportaría cerca de US$ 100 millones en solo seis meses, lo que significa que la minería asumirá el 74% de todo el costo de la medida”.
De acuerdo con el informe financiero del proyecto ingresado al Congreso, esta medida en particular generaría una recaudación fiscal de $ 124.463 millones (US$ 137 millones) durante su vigencia, la que duraría medio año o hasta que termine la disrupción del mercado.
“Esta medida, sorpresiva, se suma a la que el Gobierno anterior realizó para financiar las cuentas eléctricas de los clientes regulados, en cuyo caso también fue la minería la que asumió, sin justificación, parte importante del monto involucrado”, declaró el líder del Consejo Minero.
Y aunque remarcó que desde el gremio valoran el esfuerzo por atenuar el precio de los combustibles, se manifestaron en contra de ser la industria que mayoritariamente solvente la medida. “Por lo mismo, confiamos en que la búsqueda de recursos públicos adicionales pueda orientarse hacia mecanismos que resguarden las señales económicas necesarias para fomentar la inversión y el crecimiento del país”, señalaron.
Por su parte, desde la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) declinaron hacer comentarios respecto a la medida.
El régimen actual
Hoy la minería es tratada como empresa no transportista, “porque el diésel se usa en equipos que operan en faena y no en carreteras públicas. Bajo ese régimen, recupera el 100% del impuesto específico al diésel utilizado en sus operaciones”, explicó para entender la medida el analista sénior de Plusmining, Juan Carlos Ciudad.
Al respecto, Villarino también destacó que “es necesario aclarar que el consumo de combustibles en actividades productivas no goza de una exención; simplemente, por diseño técnico, este impuesto busca compensar el uso de vías públicas, las cuales la maquinaria minera no utiliza”.
De hecho, agregó, “todo el transporte terrestre que emplea nuestro sector ya paga el impuesto específico correspondiente”.
De esta forma, la propuesta del Gobierno suspende transitoriamente el tratamiento de la industria y la pasa al régimen de los transportistas de carga. “Para la mediana y gran minería, eso implicaría que solo 31% del impuesto sería recuperable y que el 69% restante pasaría a ser costo”, expone Ciudad.
Impacto en costos
Según cálculos de Plusmining, el efecto del nuevo régimen impositivo para la minería del cobre en Chile sería de alrededor de US$ 190 millones si rigiera un año completo.
“Llevado a costo unitario, el alza estimada es de 1,6 centavos de dólar la libra de cobre, o alrededor de 1% adicional en el costo de caja o C1”, detalló Ciudad a DF, restando competitividad a la industria.
De acuerdo con cifras de Cochilco, dentro del consumo de combustibles de la minería del cobre, el diésel representa un 92%, mostrando que es, por lejos, el carburante dominante en faena.
En cuanto a su importancia dentro de los costos operativos, los combustibles representan alrededor del 6% del costo operacional de la minería del cobre en Chile.
A la luz de lo anterior, Ciudad explicó que, desde el punto de vista económico, la medida empeora el costo caja, golpeando más a las operaciones intensivas en movimiento de material, especialmente rajos profundos y faenas de menor ley, donde el diésel pesa más por tonelada producida.
Por un lado, advirtió que “si esta medida deja de ser transitoria, ese mayor costo podría empujar a algunas operaciones marginales a subir ley de corte, con impacto potencial en reservas explotables y vida útil de mina”.
Por otro, el experto aseguró que “el escenario de mayor precio del diésel mejoraría la rentabilidad relativa de proyectos de electrificación o sustitución por otros combustibles, acelerando la agenda de descarbonización”.
Sector forestal anticipa efectos desde los bosques a unidades industriales
Desde el mundo forestal, el presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma) Rodrigo O’Ryan, comentó a DF que el impacto en el sector producido por la inminente alza en el precio de los combustibles requiere un análisis más profundo, pero que, “en lo inmediato, ya se pueden esperar efectos en el transporte y por ende en el costo de diferentes insumos, desde la operación en nuestros bosques como también en nuestras unidades industriales”, adelantó.
El líder del gremio, que cuenta entre sus filas con socios como Arauco y CMPC, enfatizó que la situación responde a un fenómeno de alcance global: “Debemos entender que no es un caso país, es una realidad mundial lo que vuelve el escenario mucho más complejo de evaluar”, dijo.
En esa línea, O’Ryan hizo un llamado a articular medidas de mitigación tanto desde la industria como el Gobierno. “Como gremio esperamos un trabajo público-privado que permita minimizar los efectos de esta crisis”, expresó.
Salmoneros entienden decisión, pero admiten que golpeará a las empresas
Representantes de la industria salmonera agradecieron al Presidente Kast que se reuniera con ellos en la feria Aqua Sur 2026 para sincerar el shock petrolero, al tiempo que anticipan efectos severos.
La presidenta del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, precisó que “esto nos va a afectar y nos va a afectar mucho” dado que en la cadena logística del rubro el diésel es muy importante. “Son noticias duras”, admitió e hizo ver que desde un principio el Gobierno fue honesto en que venían tiempos difíciles.
Sobre cómo lo enfrentarán, “tendremos que buscar una forma creativa e innovadora para abordar esto”, dijo.
El presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret, dijo que el incremento “va a aumentar los costos de la producción” y con ello golpear “los resultados de las empresas”, pero afirmó que por lejos el costo más importante de la industria “es la sobrerregulación” y las distintas disposiciones que ahogan al sector.
El gerente general de SalmonChile, Tomás Monge, acotó que dado que “somos una industria muy vinculada al sector marítimo-portuario, logístico y de transporte terrestre, y trabajamos con mucha PYME” habrá efectos por este shock de precios, aunque aún no lo dimensionan. Esperan, eso sí, que los impactos “sean transitorios”.
Mundo agrícola prevé que alza “podría trasladarse al precio de los alimentos”
La Sociedad Nacional de Agricultura salió a comentar la histórica alza de los combustibles que se registrará en el país el próximo jueves, como consecuencia de medidas del Gobierno ante la guerra en Medio Oriente. Y si bien el gremio destacó que entiende que el ajuste responde a una serie de factores, advirtió sobre los efectos directos que tendría el aumento de los precios sobre el sector .
A través de una declaración, el presidente de la SNA, Antonio Walker, sostuvo que “el importante ajuste en los combustibles responde a un escenario coyuntural internacional complejo y a un déficit fiscal de nuestras finanzas públicas”, agregando que “concentrar el alza en un solo movimiento es una decisión difícil, pero necesaria para dar una señal de precios clara y resguardar la sostenibilidad de dichas arcas públicas”.
El exministro señaló que “sin duda, nos preocupa el impacto del alza en el diésel, insumo clave para la producción agrícola y el transporte de carga. Un aumento de esta magnitud presiona directamente los costos de producción y logística, lo que podría trasladarse al precio de los alimentos”.
En esa línea, Frutas de Chile indicó que el gremio “se encuentra evaluando el impacto que esta medida podría tener en el sector frutícola, considerando sus eventuales efectos en la cadena productiva y logística”.
El presidente de Fedeleche, Marcos Winckler, explicó que el encarecimiento del diésel repercutirá en distintos ámbitos de la industria, desde los procesos operativos al interior de los predios agrícolas hasta la cadena de transporte de la leche hacia las plantas procesadoras, así como en su posterior distribución a puntos de exportación y al consumidor final. A esta presión tarifaria se suma un choque externo en insumos vitales.
“Se traduce además en problemas de importación de productos relevantes para nosotros, como el fertilizante o granos como el maíz”, explicó Winckler. Aunque reconoció que el diésel no es el mayor costo dentro del predio, los fertilizantes sí lo son, y su inminente alza los obligará a ajustar severamente sus márgenes. Frente a esta crisis, Fedeleche activó un plan de contención dual: abrir mesas de diálogo ministerial para evaluar medidas a nivel país, y un llamado urgente a la reestructuración financiera de los productores.
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